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La ley de impulso demográfico, pionera en España y Europa, sale adelante con ánimo de perdurar

La oposición no lo ve tan claro pues la tacha de “natalista” y critica la “falta de consenso”

El Parlamento de Galicia dio ayer luz verde de manera definitiva a la ley de impulso demográfico con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PPdeG. La oposición no avaló el texto por considerarlo “natalista” y por ver una falta de “compromiso real” y de “transversalidad” en sus políticas.

Otro de los principales argumentos para dar su ‘no’ a esta norma fue una ausencia de “consenso” durante su trámite parlamentario, finalizado ayer con el debate en pleno del dictamen de la Comisión 5.ª de Sanidade, Política Social e Emprego.

Esta ley, que la Xunta siempre defendió como “pionera” en España y Europa, quedó aprobada finalmente tras incorporar medio centenar de cambios con enmiendas del PPdeG (7), PSdeG (22) y BNG (8), a las que hay que sumar 15 acuerdos entre los grupos (transacciones). Sin embargo, las enmiendas presentadas al pleno de este martes por la oposición fueron rechazadas.

Se da la casualidad de que el debate de esta norma se celebró el mismo día –ver información de la izquierda– en que el INE publicó un informe en el que se observa que la comunidad agudiza sus malos datos respecto al mismo periodo de 2019.

La ley que buscará revertir esta situación, con la previsión de entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, incluye medidas que inciden en la emancipación de la juventud, en la conciliación, en la reducción de trabas burocráticas para establecer iniciativas empresariales y en la capacitación digital de la población rural.

Esta norma también legisla sobre reproducción asistida, poniendo encima de la mesa medidas para que las personas que lo precisen para tener descendencia “puedan disponer de asistencia sanitaria”; introduce bonificaciones de peajes a familias numerosas en carreteras autonómicas; y amplía el concepto de ‘familias monoparentales’, para las que además la Xunta deberá elaborar un plan de apoyo –en el plazo de un año– y un registro –en seis meses–.

Según defendió, el Bloque entendía que esta norma debía “poner encima de la mesa un consenso de todas las fuerzas de la Cámara”, porque es “uno de los mayores desafíos” de Galicia “en el presente y en el futuro”.

Por eso, y tras advertir que el comportamiento demográfico “no es ninguna suma de muertes y nacimientos, sino que depende por completo del modelo de desarrollo” de un territorio, dijo que se trata de un proyecto “que redunda en políticas natalistas” y que tiene “una visión reduccionista y conservadora del concepto de ‘familia’”.

Además, afirmó que está “lleno de vaguedades y generalidades”, sin un “objetivo firme” ni “plazos concretos” y que “insisten en políticas” antiguas que “van a llevar al mismo resultado”.

Y es que la socialista dijo “no entender” cómo la Xunta puede presentar una ley de impulso demográfico mientras “recorta” en sus presupuestos del 2021 –aprobados definitivamente ayer– la partida específica dedicada al área de juventud y para fijar población, además de “cerrar escuelas rurales” y “reprender” al jefe de Ginecología del Hospital de Verín, que encabezó las protestas contra el cierre del paritorio.

Asimismo, puso el foco en la “fuga de talento” sufrida por Galicia en las últimas décadas, por el cual “se deja de fundar 315 empresas cada año”, insistiendo en la “falta de transversalidad” del proyecto, ya que “todas las áreas de gobierno” deben estar implicadas.

Al finalizar el debate de los grupos, la conselleira de Política Social, Fabiola García, pidió la palabra para celebrar que la aprobación de esta ley supone “el final de un camino” iniciado hace tres años y “el comienzo de otro aún más largo y esperanzador”. Aseguró que esta norma no solo permite “blindar políticas demográficas” que se pusieron en marcha “muchas de ellas en los últimos años”, sino que también es “un instrumento diseñado con ánimo de perdurar”.

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La oposición no lo ve tan claro pues la tacha de “natalista” y critica la “falta de consenso”

BNG: “NO ES UN ACUERDO DE PAÍS”. La diputada del BNG Olalla Rodil criticó que esta no será una “ley de consenso” y se dirigió a la bancada popular para advertirles: “Esta es su ley, tienen 42 escaños. Sáquenla adelante, como los presupuestos y otros tantos textos legales, pero no es una ley de consenso ni un acuerdo de país”.

27 ene 2021 / 00:00
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