La Xunta pide cambiar la Ley Montoro y censura al presidente de la FEMP
Rueda cree que la norma fue muy necesaria en su día, pero “es un momento diferente” // Culpa a Caballero de romper el consenso
La Xunta toma la iniciativa en el conflicto entre el Gobierno central y los ayuntamientos tras el polémico acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, que gestiona María Jesús Montero.
El vicepresidente en funciones del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, reclamó ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como Ley Montoro, para que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes, unos 14.000 millones que están bloqueados.
Además, el número dos de Alberto Núñez Feijóo censuró al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, por provocar un “desencuentro” entre los regidores y “romper el consenso” en este organismo.
A preguntas de los medios, Rueda defendió la utilidad de la Ley Montoro en su momento al permitir que muchos ayuntamientos “mejoraran mucho su situación económica” y que a día de hoy las arcas locales tengan “ahorros”. “Nosotros creemos que fue muy necesaria en un momento en el que la situación económica demandaba que se tomaran ese tipo de medidas”, indicó.
A pesar de ello, puntualizó que “ahora es un momento diferente” y que, del mismo modo que se están modificando otras leyes “sin ningún problema” el Estado también debería hacer lo mismo con la citada norma.
“No sabemos por qué están diciendo que no se puede cambiar bajo ningún concepto y hay que recurrir a estas soluciones cuando cambió otras normas del Gobierno anterior del Partido Popular sin ningún problema y de un día para otro”. “Aquí hay algo más que no nos quieren contar, está claro”, añadió.
“Tan buen acuerdo no puede ser”. El vicepresidente gallego se refirió a las declaraciones del titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, en las que se muestra dispuesto a seguir negociando con ayuntamientos y grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la FEMP sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de municipios y partidos
El inquilino del Palacio de La Moncloa aseguró el miércoles, tras despachar con el rey Felipe VI, que su Gobierno tiene la “máxima disponibilidad” y “la mano tendida” con todas las instituciones y, “singularmente, con los ayuntamientos”, para negociar y dialogar. Pese a defender el acuerdo, Sánchez insistió en que “siempre estamos dispuestos a dialogar” con las fuerzas sociales, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos.
A este respecto, Rueda recordó que el “desencuentro” fue “provocado” por Abel Caballero tras “romper el consenso” en el seno de este órgano. “Hay muchos alcaldes socialistas también en Galicia que están diciendo, en privado y ahora también en público, que no es una buena propuesta ni el mejor de los acuerdos para los concellos”. “Tan bueno no puede ser si el propio presidente está diciendo que probablemente haya que cambiarlo”, añadió.
··· La oposición al pacto entre el Gobierno y la FEMP empieza a calar también en las filas socialistas, los únicos que hasta el momento lo apoyan. Varios alcaldes del PSOE, recoge el digital El Independiente, comienzan a rebelarse contra un plan que, como sostuvo el regidor de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, es “lesivo” para los vecinos y daña “el ambicioso plan de inversiones” que en este caso el consistorio madrileño ya tenía puesto en marcha. No es la única voz discordante con el discurso oficial. También el alcalde de Dénia, Vicente Grimalt, se descolgó de la cesión voluntaria del remanente porque “estamos para que nos dejen, no para dejar”, afirmó en una entrevista para Radio Alicante. El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando se desmarcó de la medida. “No es el momento para aportar la totalidad de sus ahorros al Gobierno”, apuntó
Santiago. El PSOE se queda sólo en la defensa del acuerdo entre y la FEMP y el Ministerio de Hacienda que abre la puerta al Gobierno para disponer de los 15.000 millones del superávit de ayuntamientos y diputaciones. Un pacto que tiene a la mayoría de alcaldes en pie de guerra.
1 ¿Qué busca el acuerdo?
Pretende convencer a todos los ayuntamientos de que liberen “voluntariamente” sus remanentes y los pongan a disposición del Gobierno central para impulsar la recuperación tras la pandemia, un préstamo que les sería devuelto en un plazo de entre 10 y 15 años, que empezará a contar desde 2022.
2 ¿Qué ganarían con esto los municipios?
Actualmente, los consistorios tienen unos 14.000 millones inmovilizados, pues la Ley Montoro, aprobada por el anterior Gobierno de Rajoy, no les permite gastarlos. El pacto con la FEMP, si fuera convalidado en el Congreso, contempla que el Ejecutivo les transfiera 5.000 millones a fondo perdido, mientras la cantidad restante se la iría devolviendo hasta el año 2037.
3 ¿Por qué tantas quejas?
El pacto firmado supone para muchos un “chantaje” y un ataque a la autonomía local. Además, rompió el consenso que rige en la FEMP al ser aprobado sólo con el respaldo del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, socios de Gobierno de los socialistas. La votación terminó empatada y se resolvió por el voto de calidad del presidente, Abel Caballero. El PP puso en marcha una “ofensiva” contra lo que califica de “expropiación” del ahorro de los ayuntamientos y ordenó a sus alcaldes no dar “ni un euro”. Ciudadanos, Vox, ERC, BNG, PNV también están en contra.
4 ¿Debería el Gobierno buscar un mayor consenso ?
De no hacerlo se arriesga a sufrir una dura derrota en el Congreso y a que la mayoría de las fuerzas políticas tumben el real decreto. El PSOE sólo tiene 120 de los 350 escaños y ni siquiera cuenta a favor con Unidas Podemos. Sánchez ya se mostró este miércoles abierto a negociar.
5 ¿Qué pasaría si el decreto se convalida con la oposición del Partido Popular?
Los populares, además de oponerse a que sus ayuntamientos participen, ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad.