Las agresiones: el problema sistemático de una sanidad que está pidiendo ayuda

La madrugada del pasado 1 de noviembre, un técnico de emergencias sufrió una “salvaje” paliza a manos de un paciente y sus dos acompañantes, un hombre y una mujer, en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La víctima, que llegaba al centro médico a las 6:30 horas tras hacer un servicio, se encontró con los agresores protagonizando un altercado cara dos de las trabajadoras, que en ese momento se habían encerrado en una consulta para protegerse.

Desgraciadamente, no se trata de un caso aislado, y las agresiones al personal de los centros de salud, puntos de atención continuada, urgencias, hospitales..., y todo tipo de entornos sanitarios, son, cada vez, más comunes. De hehco, tanto es así que desde 2017 el Ministerio de Sanidad está realizando un Informe de Agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según los resultados de dicho informe, el mismo año que Galicia- y todo el mundo- aplaudía a los sanitarios que estaban arriesgando sus vidas por salvar las nuestras, en nuestro país se registraban 8.532 agresiones a estos profesionales. Por supuesto, el confinamiento y demás medidas contribuyeron a que esta cifra fuese menor que en el año anterior, ya que en 2019 acendían hasta las 10.450, cifra que casi se vuleve a alcanzar en 2021, cuando se registraron 10.170.

En los otros años en los que se han relizado mediciones de este parámetro, el 2017 y 2018, se contabilizaron 8.326 y 9.506 respectivamente, esto es, con una diferencia de 1.844 en tan sólo cuatro años.

“Escapamos de un cuchillo jamonero”. “El problema es mucho más grave de lo que se piensa”, explica Emma Rodríguez, secretaria provincial de Satse (Sindicato de Enfermería) Pontevedra, en una conversación con El Correo Gallego. Ella, que trabaja actualmente en Montecelo, asegura que para los profesionales sanitarios “es muy frustante”. “Una compañera de un PAC me decía el otro día que estan sobrepasadas y desesperadas, porque se encuentran en situaciones muy complejas de las que puede ser muy difícil salir porque, al final no trabajamos con ladrillos, trabajamos con personas”.

Entre las “anécdotas” que vivió, Emma cuenta que hace un tiempo “en un centro de salud a una compañera de administración tuvimos que acompañarla hasta su casa porque un paciente la había amenazado con que iba a venir con la escopeta, porque ella le había dicho que en ese momento no lo podía atender, que estaba cerrando y tenía que desplazarse a otro centro”, pero no es la única.

“Otra vez, vi como un paciente le cruzaba la cara a una compañera”, agresión de la que fue testigo, o también cuenta “cuando nos sacaron el cuchillo jamonero en urgencias y unas compañeras y yo tuvimos que ir escapando con todos los pacientes de box en box, mientras que un médico se arriesgaba a intentar controlarlo para que dejase el cuchillo”.

Algunas más o menos graves, pero todas agresiones. Y es que, tal y como lo explica la secretaria provincial de Satse, que un paciente te arrincone y en una esquina y te grite “diciendo que somos una vagas o que no hacemos nada, también es una agresión”. “Cada vez que un paciente se frustra porque no recibe lo que cree que necesita, somos un blanco fácil”, asegura, y cada vez de forma más común.

“Ninguna agresión está justficada, pero la situación tampoco nos está ayudando”, lamenta Rodríguez, que ve de primera mano como “poco a poco se está desmantelando la atención primaria, uno de los sitios donde más agresiones hay” y eso repercute directamente en la reacción de las personas usuarias. “Por una parte nos dicen que tenemos toda la razón, pero por la otra no nos están ayudando en solucionar el problema”, admite.

La situación es tan límite que los centros sanitarios disponen en la actualidad de medidas de seguridad extremas, como es el caso del centro de Rodríguez, que cuenta “con una especie de botón del pánico” para mandar un aviso silencioso, por ejemplo, si alguien agresivo entra en una consulta.

Pero una de las grandes demandas del sector es que se apruebe una Ley estatal contra las agresiones, que aborde la problemática desde lo jurídico. ¿Qué se conseguiría? Tal y como lo explica Rodríguez, “la pena sería un poco mayor para el agresor, de manera que pese un poco más este tipo de delitos”.

En la misma línea van las demandas de la CIG, concretamente tras el episodio sucecido en Cangas a princpios de esta semana. El sindicato denuncia “no puede salir gratis agredir al personal sanitario”, y que en este caso “a pesar de que el afectado expresó su intención de presentar una denuncia, los agentes se limitaron a indetificar a las personas causantes de la agresión”, y se preguntan si hubiesen actuado de igual manera “si la persona agredida fuese un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

Atentado a la autoridad para todo el personal. Del mismo modo, recuperan desde la CIG una petición que viene de largo en lo que a las represalias por este tipo de situaciones se refiere: que todas las agresiones cara personal sanitario, estén o no contratados por la Administración -es decir, sean o no funcionarios-, sean consideradas atentados contra la autoridad, una diferenciación que se está aplicando hoy en día. De esta forma, se evitaría que este tipo de incidencias se continúen resolviendo de forma habitual con “multas y sanciones leves”.

Además, desde la CIG denuncian que, por defecto, los servicios de la Guardia Civil niegan el envío de patrullas cuando se envía a una ambulancia para intervenir en situaciones en las que se sabe de antemano que habrá presencia de personas con actitudes agresivas o violentas, algo que expone a los técnicos de emergencias a peligros innecesarios.

De hecho, según lo exponen en un comunicado, lo que se hace es primero enviar a la ambulancia para que confirme si, en efecto, se está dando una situación de esta índole, motivo por el que “si a este desamparo que padece el personal sanitario le sumamos el hecho de que cuando son agredidos lo único que se hace es identificar a las personas agredidas, la falta de protección es total”.

Cuestiones que evidencian un problema sistemático en un sector en el que los datos no apuntan a una mejoría en la tendendia, y, como cuenta rodríguez, desgasta mucho. “Hay compañeros que incluso van a clases de autodefensa”, asegura, “No es cuestión de asustarnos, no tiene porque pasar nada, pero cuando pasa, ¿qué?”.