Las cuentas pendientes del Gobierno con Galicia: litoral, AP-9 y ‘Next Gen’

El convulso ejercicio a nivel institucional que acaba de finalizar deja también sobre la mesa una serie de cuentas pendientes que el Gobierno central debería saldar con Galicia en un 2023 que vendrá marcado en clave nacional por las elecciones locales, autonómicas y generales.

Entre ellas destacan la tan demandada transferencia de la AP-9, apoyada por los tres grupos representados en la Cámara do Hórreo y que ahora se cuestiona desde Madrid, la gestión del litoral, para la que la Xunta reclama las competencias, y la gestión de los fondos europeos Next Generation, de los que dependen proyectos estratégicos.

Con respecto a la autopista gestionada por Audasa que vertebra la comunidad de norte a sur, 2022 se despidió con el traspaso de la infraestructura sin resolver y con polémica entre las dos administraciones a cuenta del elevado precio de las tarifas tras un incremento que finalmente se quedó en un 4 %, dejando el recorrido completo Tui-Ferrol rozando los 24 euros.

Después de especularse con una subida de más del 9 % por la revalorización del IPC y la compensación por las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación compostelana a las que la empresa que explota la vía tiene derecho, el Ejecutivo atendió en parte el clamor social e incluyó en su paquete de medidas contra la inflación una moderación en la subida hasta dejarla en el 4%.

Un pequeño alivio pero un encarecimiento, al fin y al cabo, que no colmó las demandas de la Xunta, desde donde exigían la congelación. Decepción para sus miles de usuarios diarios, pero también para el Gobierno autonómico, que pedía a La Moncloa un esfuerzo a fin de mantener los precios como estaban predicando con el ejemplo, pues las autopistas de titularidad autonómica A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona, no sufrirán repuntes en sus tarifas.

En cuanto a la transferencia de la autopista, largamente demandada desde Galicia, el Gobierno central que preside Pedro Sánchez echó hace menos de un mes un jarro de agua fría por boca de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien afirmó en diciembre que “tiene difícil encaje” escudándose en las bonificaciones estatales.

A preguntas de los periodistas en un acto a Santiago, Sánchez sostuvo que el traspaso “supone un esfuerzo importante a cargo de los presupuestos generales del estado y es el Ministerio y el gobierno quien paga, y por tanto parecería que tiene difícil encaje en ese marco de bonificaciones que se asumen por parte del Ministerio proceder a una transferencia de la titularidad de esa autopista”.

El PP y la Xunta, por su parte, redoblaron la exigencia del traspaso, aunque dejaron claro que en ningún caso aceptarán que hacerse con la titularidad implique para las arcas autonómicas el desembolso de un sólo euro hasta el fin de la concesión en el 2048. Exigen además una larga lista de obras en la autopista a pagar desde Madrid.

Por otra parte, en lo que se refiere al litoral, el Gobierno autonómico quiere que Galicia tenga pleno autogobierno de su costa para hacer compatible la conservación del medio ambiente con los usos económicos y sociales.

Con este afán, San Caetano ya tiene sobre la mesa un anteproyecto de la ley – que se aprobará este año– con la que insiste en su la demanda para que el Estado le reconozca plenas competencias en la gestión del litoral. Una norma “pionera”, como la calificó el presidente Alfonso Rueda, que recoge que el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre corresponderá a la Xunta, una vez que el Estado haga efectivo el traspaso de competencias y medios necesarios.

Un planteamiento que choca con las intenciones de Moncloa, que no contempla ceder las competencias, por lo que es muy probable que la ley termine siendo recurrida. La Xunta, curándose en salud, solicitó un informe al Consello Consultivo, que confirmó que Galicia ya tiene “facultades sobre la gestión” del litoral sin tener que reformar el Estatuto, como argumkentan desde Madrid. Por ahora el Ejecutivo central no se pronunció al respecto.

Por último, aunque no menos importante, la administración autonómica y la central también discrepan en cuanto a la distribución de los fondos europeos Next Generation, vitales en el proceso de transformación económica para la comunidad y de los que dependen, entre otros, proyectos estratégicos como la fábrica de fibras textiles que Altri proyecta en Lugo, para la que prevé crear 2.500 empleos, o la factoría de Stellantis en Balaídos.

En más de una ocasión, Rueda señaló que el dinero de los fondos para las pymes y el tejido autónomo “no ha llegado como debería de llegar” y demandó “concreción” al Ejecutivo central, recordado que “existen unos plazos concretos”. “No se sabe nada de cuándo llegarán y se empiezan a encender las luces de alarma”, dijo el presidente recientemente durante una visita a la capital lucense.

A mayores, aunque no se trate de un choque Xunta-Gobierno, sino más bien entre la España y la UE también debería aclararse este año como quedará el sector del mar, tan importante en la comunidad, en relación al veto a la pesca de fondo. Por ahora el Ejecutivo presentó un recurso ante esta medida –cuyos efectos perjudiciales para la flota ya se están constatando–, que debería resolverse a lo largo de los próximos meses