Las entidades critican la desaparición de los mil millones para gasto social

El anuncio del Gobierno central de eliminar los 1.000 millones prometidos para gasto social del fondo covid extraordinario no reembolsable destinado a las comunidades autónomas ha caído como un jarro de agua fría en las entidades del tercer sector. Ese dinero ha pasado, junto a otros mil millones, a formar parte de la partida destinada a educación que, tal y como explicó ayer la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene como objetivo “robustecer” la educación pública, pilar del estado de bienestar.

Sin embargo, tanto a nivel nacional como gallego, las críticas a la decisión del Gobierno central no han tardado en aparecer. Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian que supone “un abandono, con ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención de las personas más vulnerables. En Galicia, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi) exige la recuperación de la partida para que las autonomías “puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de covid-19 y encarar la recuperación social y económica”.

abandono del cuarto pilar del bienestar El colectivo nacional de directores de centros, en una nota de prensa, interpreta la decisión anunciada por Pedro Sánchez tras su reunión con los presidentes autonómicos como “el abandono del cuarto pilar del bienestar que son los servicios sociales”. Calculan que, de haberse mantenido el reparto como se anunció, Galicia recibiría el 5,67 % del total para inversión social, es decir, 56,7 millones.

“Habrá dinero para los tres pilares del bienestar” (sanidad 9.000 millones, educación 2.000, y rentas mínimas, 3.000), pero para “el cuarto pilar que son los servicios sociales, y que atienden a seis millones de personas usuarias y antes de final de año atenderá a más de diez millones, lo que determinen las consejerías de Hacienda de las comunidades del fondo común que se transfiere”, se lamentan.

Mantienen que el sistema de Servicios Sociales, “disperso y maltratado por los recortes”, y lo tiene cada vez más difícil para evitar los riesgos de exclusión e “incluso la quiebra de la cohesión social”, añadiendo un exceso de burocratización en los procedimientos, “que estamos hartos de denunciar” y que, explican, “eternizan las soluciones”. La asociación denuncia, asimismo, que la situación es “una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento”, por lo que confían en que “los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado”.

Educación necesita fondos pero no sacándoselos a lo social Desde Cermi Galicia exigen al Ejecutivo central que “no elimine en ningún caso la partida” para inversión social, sumándose a la reivindicación del Cermi Estatal.

“Por supuesto que la educación necesita recursos económicos”, pero “no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia”, indican en un comunicado. Añaden que, a su juicio, “no se pueden olvidar los servicios y los apoyos sociales en estos fondos” extraordinarios, ya que no tiene sentido poner en marcha 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, “se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles” y “gravemente dañados por la covid-19”.

Abogan por restablecer el fondo, y, si fuera preciso, aumentarlo porque “si lo social no está en el centro, las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias de la pandemia”.