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Las reclamaciones sobre servicios sociales tendrán que ser por vía electrónica

El proyecto de orden también regula un máximo de dos plazas en cuartos de residencias

Santiago. Los centros de servicios sociales de Galicia tendrán que presentar por vía electrónica las quejas que sus usuarios o familias reflejen en su libro de reclamaciones con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de estas cuestiones por parte de los servicios de inspección. Este cambio está recogido en un proyecto de orden que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia y que la Consellería de Política Social mantendrá colgado en el portal de transparencia de la Xunta para información pública y para la consiguiente presentación de posibles alegaciones.

El objetivo de esta nueva orden, según indica la Consellería en una nota de prensa, es ofrecer un mayor control y seguridad en el procedimiento y en la documentación presentada en las reclamaciones. Además, también busca mejorar la información que tienen los ciudadanos sobre las quejas que presentan al almacenar las reclamaciones en el apartado de ‘carpeta ciudadana’ de la sede electrónica de la Xunta.

Este apartado permite archivar los documentos presentados y hacer un seguimiento más exhaustivo de cada solicitud. Sin embargo, esta obligatoriedad en la presentación telemática será optativa en el caso de aquellas quejas presentadas directamente por usuarios y o familias de los centros.

Otros cambios Además, el proyecto de orden recoge modificaciones normativas. Entre ellas, se establece que las habitaciones tendrán una capacidad máxima de dos plazas. En la actualidad la mayoría de las residencias gallegas ya son individuales o dobles, pero quedan algunas, en los casos de centros más antiguos, con habitaciones de más gente que ahora deberán cambiar.

Así mismo, se reduce la exigencia de plazas de enfermería del 5 al 3 % de su capacidad total; se flexibiliza la configuración de los hogares residenciales, para adaptar los requisitos de acceso a la realidad de los mismos; se contempla la adaptación de las viviendas comunitarias, para favorecer la permanencia de las personas usuarias que pasan a tener más de un grado I de dependencia hasta que se adjudique plaza en un centro apto; y se flexibilizan los requisitos de los centros de inclusión para hacerlos más parecidos a un hogar. s.barba

06 oct 2020 / 00:00
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