Liñares, la primera víctima judicial del caso Pokémon

En algo tenía razón la jueza Pilar de Lara dentro de la macrocausa Pokémon: el concejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares, era culpable de los delitos de cohecho y prevaricación. Al menos en eso coincidió la Audiencia Provincial de Lugo que le impuso una pena de cinco años de cárcel, la inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público durante 20 años, así como el pago de una multa de 7.200 euros. Una pequeña victoria para la polémica magistrada que, como el Cid, ganó esta batalla tras haber tenido que emigrar de la ciudad de las Murallas

Junto a Liñares fueron condenados a un año y tres meses los ocho empresarios, por idénticos delitos, que se sentaron con él en el banquillo.

De esta manera, los magistrados consideran acreditado que el acusado, entre 2009 y 2012 adjudicó contratos de obras a sociedades, con cuyos representantes se había puesto de acuerdo, a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus fincas particulares.

Para los ocho empresarios condenados, que durante el juicio reconocieron pagos de cuantías a Liñares a cambio de las adjudicaciones de obras que recibían de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el tribunal también ha impuesto seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con entes u organismos que formen parte del sector público.

Además, el tribunal ha fallado que estos empresarios, durante un año y nueve meses, no podrán gozar de los beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social. Las penas impuestas coinciden con la petición final que realizó la Fiscalía en el plenario del juicio salvo en el caso del noveno empresario, el único que no reconoció los hechos.

Ese apoderado de una empresa, cuyo abogado fue el único –al margen de la defensa de Liñares– que pidió nulidad de pruebas y siguió una línea argumental diferente, negó haber entregado cuantías a Liñares. El tribunal lo absolvió por “falta de pruebas”, ya que la parte de la instrucción que correspondía con él, precisamente, fue anulada.

Esta es la primera pieza separada de la macro operación bautizada como ‘Pokémon’ que instruyó Pilar de Lara y que juzgó las comisiones que cobraba o recibía por parte de empresarios que, a cambio, obtenían concesiones de obras de la Confederación.

Los propios empresarios acusados explicaron la dinámica de adjudicaciones y de entregas de dinero, aunque como hizo constar el Ministerio Público en la resolución final, seguían una mecánica de actuación, aunque no un único modus operandi. Así, las declaraciones hechas “ponen de manifiesto una misma mecánica de actuación, tanto en las ofertas con invitaciones como en la intervención del presidente de la CHMS en la realización de las ofertas y, asimismo, en el concierto de pagos a cambio de obras”.

Además, los magistrados indican que las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados durante la investigación “ponen a las claras las relaciones habidas entre el presidente de la confederación y los acusados”.

Los letrados señalan que el condenado, cuando ejercía de presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, adjudicaba las obras mediante procedimientos negociados, por lo que tenía la obligación de solicitar, como mínimo, ofertas a tres empresas antes de cerrar los contratos.

A la vista de las declaraciones y pruebas, los jueces sostienen que el entonces presidente y los tres empresarios que concurrían a las licitaciones ya habían pactado previamente cuál de ellos sería el adjudicatario del contrato “de antemano”. Los otros dos, por tanto, se presentaban para “darle cobertura y apariencia de legalidad” y las empresas se iban turnando.