Los aparejadores denuncian retrasos de 18 meses en las licencias
“Inaceptable”. Con esa rotundidad trasladaron a la Xunta la ralentización del proceso de concesión de licencias urbanísticas por parte de los concellos gallegos. El encargado de hacerlo por videoconferencia fue Pelayo Eyo Valladares, presidente del Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que representa a los colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
El Consello, que abordó con la Administración gallega el Plan de Vivenda 2021-2025, destaca la “importancia capital” que tienen las licencias municipales para el desarrollo y ejecución del programa impulsado por la Consellería de Medio ambiente, Infraestruturas e Vivenda que dirige Ángeles Vázquez.
Pelayo Eyo recordó recientenmente tanto a la conselleira como al director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García, que la ley fija un plazo máximo de tres meses para la concesión de una licencia urbanística municipal.
“Hoy el tiempo medio de concesión se establece entre 18 y 20 meses”, recordó el máximo responsable colegial. A su juicio, “en una sociedad moderna y competitiva esta demora es inaceptable”.
Pelayo Eyo consideró que esos retrasos de entre uno y dos años constituyen un “tiempo abusivo” y agregó que una buena idea sería cambiar de “negativo” a “positivo” el trámite del silencio administrativo. Es decir, si pasados los tres meses que tiene el concello para decidir sobre una licencia no hay una comunicación no debe entenderse que decide en negativo, como sucede ahora, sino en positivo. Así, apostilló, las administraciones locales se tendrían “que poner las pilas”.
Perjudicados promotores y propietarios El representante de los aparejadores de Galicia consideró que con la situación actual siempre salen perjudicados los mismos por los retrasos: los promotores y los propietarios. Aunque entiende que el personal técnico de los ayuntamientos es insuficiente, también resaltó que la administración local tiene una importante fuente de ingresos por las licencias que, en parte, podría destinar a reforzar esos equipos.
Según destacó el Consello Galego de Colexios de Aparelladores, la consellería solicitó a estos profesionales su implicación para poner en valor las villas y ciudades de Galicia. En ese sentido, agregó que la Xunta movilizará 72 millones de euros en este año 2021 en varias líneas de actuación en materia de vivienda: 28 para facilitar el acceso, más de 35 en rehabilitación y renovación urbana y otros 8 a suelo residencial.
La Administración gallega también emplazó a los profesionales que se impliquen en el impulso del Pacto Social pola Vivenda 2021-2025, la hoja de ruta pensada para familias y empresas y que servirá para relanzar la reactivación económica y social de la comunidad autónoma.
Bonificaciones fiscales El Consello ofreció su estructura colegial técnica y humana con presencia física en las siete grandes ciudades de Galicia, y el capital de más de 2.500 profesionales con amplia cualificación en construcción y rehabilitación y que conocen el territorio y la sociedad gallega. Pero, sobre todo, en lo que hizo hincapié el organismo fue en el visado colegial, “una herramienta efectiva que asegura el control de la legalidad y acelera el proceso de concesión de licencias”. También ofrece la experiencia en la colaboración entre colegios de aparejadores y el IGVS en la gestión y control de subvenciones en casos similares al que está en marcha ahora.
Para el Consello el protagonista debe ser la rehabilitación, regeneración y renovación del parque de viviendas porque es necesario y urgente “mantener y conservar el patrimonio construido; fomentar y mejorar la eficiencia energética de las viviendas y también proteger los inmuebles del gas radón”. En este sentido, solicitó “bonificaciones fiscales” y, al mismo tiempo, reivindicó “reducir la demanda de nuevos desarrollos urbanísticos”.