Los Franco ponen a la venta la casa Cornide en pleno juicio por Meirás
Los historiadores consideran que la Junta Pro Pazo lo donó para ser la capital del verano
La familia Franco ha puesto a la venta la Casa Cornide, en A Coruña, según figura en portales inmobiliarios en los que se especifica que se comercializa casa en la Ciudad Vieja, con 11 habitaciones, 13 baños y 1.430 metros cuadrados, informa Europa Press, en pleno juicio por la propiedad del Pazo de Meirás.
El inmueble del siglo XVIII fue sede de dependencias municipales, aunque en 1962 fue enajenado y finalmente acabó en manos de Carmen Polo, esposa de Franco. El Concello de A Coruña trabaja en su catalogación como BIC
Este martes, en las siete horas y media de la maratoniana segunda jornada del juicio sobre la disputa de la propiedad del Pazo de Meirás, que se celebra en el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, los investigadores e historiadores relataron las conclusiones a las que llegaron, tras consultar miles de documentos, en especial a partir de 2016 cuando pudieron acceder a más archivos.
Así Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, coautores del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, explicaron el proceso de como las Torres de Meirás, que poseía Manuela Esteban Collantes, heredera de la Condesa de Pardo Bazán, llegaron a manos de Franco, mediante una suscripción popular coercitiva que fue impulsada por la Junta Pro Pazo, presidida por el Gobernador Civil en 1938.
Consideran que las autoridades participantes tuvieron una intención de convertir a A Coruña como capital del Estado durante un mes y, en el caso de Pérez Lorenzo, aseguró en varios momentos de su declaración que la Casa Civil del Jefe del Estado asumió la gestión del edificio y finca. Es más afirmó que esa entidad “pagaba absolutamente todas las necesidades de intendencia”, y precisó que en 1939, el presidente de la Junta Pro Pazo pasó a dirigir la Casa Civil.
Ante ello, durante dos horas y media, muchas de las preguntas del abogado de la familia Franco fueron dirigidas a separar la figura pública del jefe del Estado de la privada de Francisco Franco en cuanto al proceso de donación de 1938, lo que no es posible, según los autores del libro. Así en dos ocasiones el historiador Pérez Lorenzo dijo primero que existían dos escrituras contradictorias, las de 1938 y 1941, y más adelante afirmó que, por lo ahora conocido al descubrirse la primera, posteriormente a la publicación del citado libro, la segunda fue fraudulenta.
Los autores de la investigación se refirieron profusamente a contextualizar el proceso de donación, haciendo referencia a un informe de un teniente coronel anónimo sobre la provincia de A Coruña de 1939, que localizaron en el Archivo Militar intermedio, en el que se explicaba que en la suscripción popular intervinieron los buenos y malos españoles. “Esto no permite hablar de una voluntariedad”, apostilló Pérez Lorenzo. Y recordaron que se empleó el mismo procedimiento de presión a los vecinos para que vendieran las fincas limítrofes. Así el terreno pasó de 5,7 hectáreas en 1938 a 9 en 1940, pero no pudieron comprar una ya que su dueño estaba emigrado en Nueva York.
Babío por su parte recordó que en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa de España de la época se señala que en las suscripciones públicas, en aquel tiempo de guerra para satisfacer necesidades, se les podía retirar a los funcionarios el importe de un día a los que recibían hasta 4.000 pesetas de nómina al año, y dos si esa cuantía era mayor.
En la parte final de la declaración, a preguntas del abogado de la familia Franco, respondieron que no les constaba que desde la muerte del jefe del Estado, hubiera obras pagadas por la Administración central y confirmaron que en 2008 a petición del vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana al presidente José Luis Rodríguez Zapatero se planteó la posibilidad de una expropiación del pazo.
Y hubo una controversia sobre si el Concello de Ferrol pagó la contribución de Meirás hasta 1976 al ser vox pópuli, pero los investigadores dijeron no tener documentos. El letrado de los Franco les aseguró que ese abono correspondía a su casa natal.
Un pazo para el jefe del Estado o para Francisco Franco, es la frase recurrente durante los dos primeros días del juicio, y por parte del abogado de los descendientes la insistencia en que es un juicio civil, no una causa política.
Este martes completó la sesión, durante una hora, Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela y presidente de la comisión de expertos que recibió el encargo de la Xunta para cumplir el mandato unánime del Parlamento de Galicia de elaborar un informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio el Pazo de Meirás sin ningún coste adicional.
Expresó ante el letrado de los demandados que el encargo estaba acotado a las circunstancias descritas y que no fue nada fácil. “Estudiamos la naturaleza de la posesión y las circunstancias” asi como “el proceso de donación” para cumplir lo pedido.
Al decirle el abogado de la familia Franco si fueron defensores o jueces, matizó que “evaluamos pros y contras y propusimos una vía”, y al añadirle si se precisa una generación para abordar un enfoque crítico, Núñez Seixas expuso que la comisión examinó todo lo que sucedió entonces.
“Esto es propio de un proceso de discusión de un pasado dictatorial, es un proceso de debate abierto en el ágora público”, comentó, y añadió que es una cuestión que “tiene una parte jurídica civil y otra histórica, de la que después se puede hacer política”.
“¿Es un caso político?”, preguntó el letrado. “No he dicho eso, éste fue un encargo unánime del Parlamento de Galicia”, fue la respuesta que dio Núñez Seixas, y en cuanto a separar al jefe del Estado, en el momento de la adquisición del pazo, de la persona de Francisco Franco, el catedrático entiende que la donación “en sus orígenes fue a la jefatura del Estado, pero hay un momento en que parece que eso cambió”, en posible alusión a las dos compraventas realizadas en 1938 y 1941.
En cuanto al pergamino de 1938 que relata la donación, el testigo y a la vez perito opinó que “dice el Jefe del Estado que en ese momento era Franco”, y recordó que “en los llamamientos difundidos” previamente por la Junta Pro Pazo, la voluntad era otra. “Han preguntado seis horas a los autores sobre lo que investigamos la base del informe”, concluyó Núñez Seixas.
Este miércoles se celebrará la tercera jornada del juicio con más testigos y peritos.