Los titulares de fincas desconocidos tendrán cinco años para acreditarse

Galicia cuenta con miles de hectáreas de terreno aptas para el cultivo que se encuentran infrautilizadas o en estado de abandono y que, de ponerse en valor, podrían generar un importante impulso para la actividad agroganadera y la creación de empleo.

Promover la recuperación de estas fincas, así como aportar base territorial suficiente a aquellas explotaciones que lo precisen, es una de las prioridades marcadas en rojo por la Xunta para esta legislatura y, para ello, el Gobierno autonómico investigará la titularidad de las parcelas que sean de propiedad desconocida con la intención de actualizar el catastro.

Se apoyará en la nueva Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, que se tramitará como proposición de ley (no por la Xunta) y que ayer fue presentada en el Parlamento autonómico por el conselleiro do Medio Rural, José González, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy.

Entre las novedades que presenta la nueva norma destaca que se les darán cinco años a los propietarios de las parcelas para que acrediten serlo antes de que ese terreno pase a formar parte del banco público de tierras.

De esta forma, si el propietario apareciese en un plazo de cinco años, la Xunta devolvería la propiedad a su dueño e incluso le abonaría el montante correspondiente a los rendimientos que se hayan conseguido con su gestión. Una fórmula que se espera que sirva como aliciente para que los propietarios muestren interés en la puesta en valor de la ordenación del territorio y la puesta en valor del sector rural. En todo caso, pasado ese tiempo, la Xunta se quedaría con esa propiedad aunque esta se podría recuperar “por la vía judicial”, que, según indicó el conselleiro, es la fórmula que actualmente emplea el Estado sin ni siquiera esperar el plazo de un lustro, lo que supone una “diferencia sustancial”.

Además, el titular de Medio Rural también confía en que la norma sirva para “completar” el programa de impuestos cero en el rural para lo que se propondrá al Estado la puesta en marcha de incentivos en impuestos con “discriminación fiscal positiva” que sirva para apoyar el reto demográfico que afronta el país. Para González, esta mayor y mejor ordenación del territorio en Galicia facilitará “crear riqueza y empleo” puesto que el impacto puede ascender a unos 1.000 millones de euros y la creación de 15.000 puestos de trabajo.

La filosofía de esta futura ley es lograr que todo el territorio tenga una “rentabilidad”. Para ello, se fomentará el arrendamiento, venta o agrupación de propietarios, con el fin de que haya una gestión del territorio, ya sea con fines agrícolas, ganaderos o de producción forestal. Otro de los instrumentos que incluye esta ley son las conocidas como “aldeas modelo”, una fórmula que ya se ha implantado en algunos puntos de Galicia.

El texto, con 144 artículos, también incorpora 43 medidas del dictamen de la comisión de investigación de incendios forestales que se creó a raíz de la ola de incendios registrada en 2017 (y cuyo dictamen vio luz verde, con los votos del PPdeG y PSdeG, en julio de 2018).

Un texto ambicioso y muy trabajado. Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento apuntó que esta norma será una de las más “importantes de la legislatura” ya que será la base para “adaptar el medio rural a la nueva situación social, económica y tecnológica con el objetivo de recuperar el valor que para Galicia siempre tuvo la actividad agrícola, ganadera y forestal”.

Puy insistió en que el texto será el cimiento de una amplia “reforma del medio rural” con el reto de generar riqueza y aprovechar el potencial del sector al tiempo que permite “recuperar y fijar población en el rural”. Se trata de una ley “muy trabajada” y “ambiciosa”, recordando que “dos de cada tres gallegos” tienen vinculación con el rural y son titulares de terrenos.