Nuevo paro indefinido del transporte a partir del último lunes de junio

‘Paro indefinido 27 junio sector transporte (se avecina que es más fuerte que el anterior)’. Bajo esta premisa una larga explicación de por qué los camioneros se verán nuevamente obligados a dejar de realizar entregas desde el último día del mes. Con este mensaje de WhatsApp en sus móviles se levantaban esta semana muchos gallegos, que recibían por parte de amigos o familiares una alerta que lleva días extendiéndose como la pólvora en redes sociales y sobre la que no se sabe cuánta verdad hay.

Desde EL CORREO nos hemos puesto en contacto con los responsables de la convocatoria, que nuevamente es la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías y por Carretera, al frente de la cuál se sitúa el polémico Manuel Hernández. “Nos vemos obligados a parar de nuevo debido a la situación que estamos viviendo y con ello invitamos a todos los sectores que se estén viendo perjudicados a que se unan al transporte ante cualquier protesta o movilización”, piden, destacando que “esto no debería ser cosa de nuestro sector, sino de España entero, ¿o es que acaso no veis que nos están engañando y haciendo lo que les da la gana?”.

Tras esta pregunta retórica, recuerdan que fue en los momentos más duros de la pandemia, “con carreteras vacías y más monótonas que nunca”, cuando los camioneros estuvieron ahí para garantizar que en hospitales, farmacias o supermercados “no os faltara de nada”. Y, ahora, dicen ser ellos los que necesitan de la ayuda de todos.

VISIÓN GALLEGA. Ante esta petición, desde este periódico también hemos contactado con José Manuel Rodríguez, expresidente de la asociación de transportes gallega que representa a más de 1.000 camioneros Fegatrans-Apetamcor. Precisamente Rodríguez presentó su dimisión al frente de la asociación en el octavo día de la huelga del sector, alegando motivos personales, tras asegurar que se sentía cansado por el desgaste del conflicto.

Ahora, ante esta nueva convocatoria, cree que en Galicia todavía los trabajadores del sector y las asociaciones están a la espera de ver propuestas y reinvindicaciones concretas para decidir si sumarse o no al paro indefinido, pero, la realidad es que “si seguimos así no sé donde vamos a parar”.

Afirma que la situación cada día es más difícil. “Nos dieron un caramelito con lo de los 20 céntimos y las petroleras se lo comieron enseguida, ahora con el gasoil a dos euros y pico es inviable trabajar”, destaca. Además, considera que no es de justicia que de esos 20 céntimos se beneficie igual un conductor con vehículo privado que un camionero, pues el consumo de este último es mucho mayor, por lo que, desde su punto de vista, debería aumentárseles la cuantía de la bonificación.

Por otro lado, después de que se haya aprobado el derivar las subidas del coste del gasoil en las cargadoras, Rodríguez alerta de que “eso no es fácil, porque tampoco sé hasta qué punto las cargadoras tienen capacidad para asumir todo eso, ya que también tiene que pagar su luz, su agua y sus facturas”.

Así las cosas, al final tienen que repercutir en los precios de los productos y, por tanto, en los clientes. Y si los clientes ven subir los precios y compran menos, la empresa fabrica menos, así que “de poco vale que suba precios si no vende los productos porque no se consumen”.

LISTO EL BORRADOR PARA EVITAR EL TRABAJO A PÉRDIDAS. Con este panorama, y para tratar de evitar que se produzca finalmente ese paro, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó este jueves a las organizaciones empresariales que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el primer borrador de la futura normativa que prohibirá trabajar a pérdidas.

El objetivo del Gobierno es aprobarla antes del próximo 31 de julio, tal y como se comprometió en la última ronda de reuniones, y aplicará los principios a los transportistas de la ya existente Ley de cadena alimentaria.

Esta reforma intentará, por tanto, prohibir que los transportistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explotación, de manera que se eviten situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro, que son las empresas de transporte, autónomos y pymes.