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Ofensiva en Madrid y Estrasburgo en defensa de las lenguas minoritarias

Bloque, Unidas Podemos y otras formaciones independentistas presentan una proposición no de ley en las Cortes Generales, que defenderán el próximo martes

La defensa del idioma gallego activó ayer dos frentes ofensivos: uno en Madrid y otro en Estrasburgo. En la capital del Estado Unidas Podemos, Bloque, Bildu, ERC, Junts, PedeCat y la CUP presentaron una proposición no de ley que defenderán el próximo martes en el pleno del Congreso para acabar con lo que consideran un imposición legal del castellano en España.

A tal fin, reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas (el gallego es una de ellas), garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, así como permitir que figuren en el etiquetado de productos, al tiempo que plantean que se reconozcan otras nuevas, como el asturiano.

Estos partidos, junto con el PNV, Más País y Compromís, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ratificó, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y avale, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.

“Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cuál sea su razón, también la lingüística”, señalan en el texto, apuntando la situación de “discriminación” a la que, a su juicio, fueron sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano. Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, euskera, gallego o valenciano gocen “del mismo reconocimiento” que el castellano, y sus hablantes “de los mismos derechos y deberes”, y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios las conozcan.

En la redacción original, los proponentes también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española. Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a las fuerzas políticas promotoras de esta iniciativa reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que “exceden de su competencia”, según argumentaron los servicios jurídicos de la Cámara.

En el texto final aparece este punto ya modificado, con el que Unidas Podemos y el resto de partidos llaman al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas para garantizar el uso de las lenguas diferentes del castellano en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.

mesa
Denuncia en el Consejo de Europa

··· La preocupación va más allá de las Cortes. De hecho, A Mesa pola Normalización Lingüística denunció que pese a las advertencias previas desde Estrasburgo (Francia) por parte del Consejo de Europa, la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, el Gobierno y la Xunta incumplen “las recomendaciones de obligado cumplimiento emitidas en diciembre de 2019 por el Comité de Ministros europeo”. El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, denuncia que “el informe del Estado a las reclamaciones europeas se limita a participar de la manipulación a la que la Xunta somete los datos estadísticos, obviando que el uso del gallego está prohibido en las materias de matemáticas, física y química y tecnología, las dotadas de mayor carga horaria”. De esta metodología deriva el hecho de que “uno de cada cuatro menores de quince años declaran ser incapaces de expresarse en gallego”, opina Maceira.

Pontón apremia al Gobierno y la Xunta a recurrir la sentencia de Meirás
La dirigente frentista alerta que queda poco tiempo ya que los plazos vencen el 12

Santiago. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apremió ayer al Gobierno central y al Ejecutivo gallego a reconsiderar su posición y recurrir la sentencia que reconoce el derecho de los Franco a ser indemnizados por los gastos de conservación del Pazo de Meirás ya que los veinte días hábiles para recurrir vencen el próximo 12 de marzo.

“Tenemos nueve días para hacer lo correcto”, incidió Pontón en una rueda de prensa en el Parlamento después de reunirse con una delegación de Iniciativa Galega pola Memoria que también pidió que se recurra el fallo.

La líder del BNG reiteró que la sentencia es un “regalo jurídico” a los herederos del dictador y que las administraciones públicas no deben permitir en tanto que supone una “bofetada” a las víctimas del franquismo y a las miles de personas que “lucharon por la recuperación del pazo”.

Considera a su vez que la sentencia constituye un “blanqueo al franquismo” y, de este modo, abre el camino a los Franco para que en instancias superiores puedan darle la vuelta a la sentencia y puedan volver a hacerse con el Pazo tras el fallo que por primera vez reconoció que Meirás era público y que tenía que formar parte del patrimonio de los gallegos.

Censuró de este modo que el dictamen no reconozca la mala fe de los Franco respecto a las torres de Meirás “como si no hablásemos de un bien que usurparon como verdaderos ladrones”. Ante una sentencia que, según Pontón, “repugna a cualquier demócrata” se preguntó si existe “algún tipo de pacto” entre el Gobierno de Sánchez “que se dice el más progresista” y la familia Franco para no dar el paso de recurrir un fallo que “atenta contra el sentido común”.

Por ello, desde el BNG insistió en que la Xunta y el Gobierno deben intentar que el pueblo gallego no tenga que “pagar dos veces por un bien que fue robado”.

Con este fin, el BNG lleva al pleno de la próxima semana una iniciativa en este sentido para que tanto el PPdeG como el PSdeG se pronuncien en este sentido.

Por su parte, el historiador Carlos Babío tildó la sentencia de “terrorífica” puesto que “blinda los abusos y la impunidad del franquismo”.

04 mar 2021 / 01:00
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