Pagar el piso o comer, el drama para cada vez más familias gallegas

Nunca un informe como el último que hizo público la pasada semana la Rede Galega contra a Pobreza-EAPN Galicia ha sido a la vez tan lapidario como relevante y necesario, porque ofrece un mapa global de las condiciones en las que la población de nuestra comunidad se enfrenta a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. La situación era, al cierre de 2019, tremendamente peligrosa, pues cada vez más familias se veían forzadas a sacrificar en alimentación para poder afrontar gastos de la vivienda.

Ya no es solo, tal y como informó nuestro periódico, que el Estado da pobreza en Galicia 2020’ revele que 655.000 personas, o 24,3% de todos los habitantes de la autonomía, se encuentren en situación de pobreza o exclusión social (según la tasa conocida como Arope, por sus siglas en inglés) al cierre de 2019, 32.698 más que o ano anterior. En Galicia hay nueve mil personas más, un total de 212.000, en la miseria, en pobreza severa, un 7,9 % del total. En esta situación se encuentran aquellos gallegos cuyos ingresos son inferiores a 500 euros al mes si viven solos, 1.051 euros en hogares de dos adultos y dos menores de 14 años, o menos de 951 € mensuales en los monoparental en la que un adulto, en el 80 % de los casos una mujer, cuida de tres menores.

Alerta EAPN-Galicia que el deterioro de la calidad de vida de quiénes están en peor situación “é unha conclusión que non so se obtén a partir do empeoramento da taxa de pobreza severa, senón tamén doutros indicadores como o a privación material severa· o por los bajos niveles de renta. Por ejemplo, entre los 332.000 pensionsitas gallegos, cinco mil más que un año antes, cuyos pagas les impiden superar el umbral de la pobreza. Son el 43,4 %.

El 3,6 % da población de Galicia, cerca de cien mil personas, vivía en condiciones de privación material severa, es decir, “non podía facer fronte polo menos a catro dos nove conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo”. ¿Cuáles son? Sufrir atrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, de la comunidade...) en los últimos 12 meses; ser imposible permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días (o su equivalente vegetariano); no poder pagar la calefacción para mantener la vivienda con una temperatura adecuada; nada de irse de vacaciones; resultar imposible afrontar gastos imprevistos por un importe de hasta 650 euros; o no poder abonar teléfono, televisor a color, lavadora o un coche.

Este último apartado ha crecido, avisan, entre las mujeres. “A situación de emerxencia residencial na que viven milleiros de familias galegas obsérvase no empeoramento dos conceptos que teñen relación coa vivenda”, avisan desde EAPN-Galicia.

Sostienen que que el elevado gasto en vivienda “non digna nin accesible” que soportan actúa como “un aspirador de rendas que restrinxe os seus ingresos prácticamente á metade” y obliga a “priorizar sobre gastos imprevistos ou mesmo da calidade da alimentación”, impidiendo de facto el éxito en los procesos y medidas de inclusión social y lucha contra la pobreza.