Piden penas que suman 57 años de prisión para 11 familiares acusados de invertir dinero obtenido del narcotráfico

PONTEVEDRA, 26 Jul. (EUROPA PRESS)

Un total de once personas emparentadas acusadas de invertir dinero obtenido de actividades relacionadas con el narcotráfico, y en el caso de dos de ellas también de fraude fiscal, se enfrentarán a una petición de penas que suman 57 años de cárcel en un juicio que se celebrará este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público ha considerado los hechos constitutivos de un delito continuado de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas y también achaca a dos de estas personas tres delitos contra la Hacienda Pública.

En concreto, acusa a un hombre con antecedentes por delitos contra la salud pública, E.M.S., su hermana, M.L.M.S, su exmujer, M.D.R.P.; sus hijas, M.G.M.R. y G.M.R.; y su hijo, O.M.R; así como a la que fuera pareja de este, S.O.P. Asimismo, responsabiliza de los hechos a una segunda familia compuesta por la hermana de M.D.R.P., M.N.R.P; su exmarido, R.B.P.; y el hijo y la hija de ambos, N.B.R. y N.B.R.

El Ministerio Fiscal ha destacado que el primer acusado, E.M.S. fue detenido por delitos de contrabando en tres ocasiones entre 1982 y 1990 y su hijo, O.M.R., en 1997 y 2001 debido a tráfico de drogas. También el exmarido de su tía, R.B.P., fue acusado de delitos de narcotráfico por la Fiscalía en procedimientos iniciados en 2010 y 2015.

Además, el Ministerio Público ha relatado que O.M.R. adquirió siete vehículos entre 1998 y 2001 por los que realizó pagos en efectivo que “no se correspondían con sus ingresos” (su valor superaba los 50.000 euros), así como que figuran movimientos de más de 6.000 en cuentas bancarias de su propiedad realizados en el año 2000. Del mismo modo, realizó pagos por un importe situado en torno a 100.000 euros “con fondos provenientes de sus actividades ilícitas” entre 1998 y 2003.

Adicionalmente, la Fiscalía ha asegurado que la que fuera su novia en el momento de los hechos, S.O.P., adquirió una vivienda y un garaje situados en Vilanova de Arousa (Pontevedra) “cuyos recibos hipotecarios se abonaron con el dinero proveniente de actividades ilícitas”. Esta mujer compró un vehículo por valor de casi 17.000 euros y realizó obras en una finca de la misma localidad cuyo importe ascendió a casi 20.000 en el año 2000.

Esta persona también realizó pagos en efectivo que suman unos 60.000 euros a un gabinete jurídico entre 2001 y 2003 e ingresos en efectivo en distintas cuentas bancarias que ascendieron a más de 110.000 euros entre 1998 y 2001.

El Ministerio Público ha afirmado que el padre de O.M.R, E.M.S., efectuó distintas compras para ocultar que el dinero con el que se sufragaban “provenía del narcotráfico” de acuerdo con su ahora exmujer, sus hijas, el propio O.M.R y la que fuera su pareja. Así, este padre destinó más de 3.000 euros a la reforma de una vivienda situada en Vilanova propiedad de la madre, que posee un piso al 50% con su hija G.M.R. y cuyos recibos se pagaron con fondos “provinientes del narcotráfico”.

La Fiscalía asegura que esta mujer también adquirió de este modo dos pisos en Pontevedra en 1999, mismo año en el que compró otra vivienda en Vilanova de la que figura como promotor su hijo y cuya reforma abonó la que fuera novia de este.

Por su parte, la hija con la que esta madre dispone a medias de una vivienda, M.G.M.R., compró además con dinero supuestamente procedente del narcotráfico dos garajes y un domicilio en Cambados, así como otro en Pontevedra. El Ministerio Público remarca además que realizó múltiples pagos entre 1998 y 2003 que suman unos 110.000 euros.

Mientras, el Ministerio Público destaca que su hermana fue “utilizada durante su minoría de edad”, entre 1996 y 1998 en concreto, para adquirir una vivienda en Pontevedra y que ya contaba con dos vehículos a su nombre antes de cumplir los 18 años. Esta mujer compró otro vehículo al alcanzar la mayoría de edad y realizó pagos y adquisiciones por valor de más de 100.000 euros entre 1998 y 2002.

En relación a la hermana de su padre, M.L.M.S., la Fiscalía ha afirmado que utilizó dinero procedente del narcotráfico para adquirir un ático en Cambados en 1998 y fincas, una vivienda y una explotación rústica en Vilanova de Arousa, además de un vehículo. También realizó pagos y adquisiciones entre 1998 y 2003 por importe de más de 60.000 euros.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha sostenido que el padre de la segunda parte de la familia, R.B.P., invirtió más de 20.000 euros en la compra de dos vehículos en 1998 y 2002, mientras la madre, N.R.P., realizó “diferentes adquisiciones y movimientos de dinero” con cantidades procedentes del narcotráfico “directamente” o “a través de la representación legal de sus hijos durante su minoría de edad”.

El Ministerio Público ha indicado que esta mujer compró fincas situadas en Cambados y Sanxenxo entre 1999 y 2000, así como varios décimos y participaciones de lotería premiados “con la intención de dar una apariencia lícita a los ingresos obtenidos del narcotráfico”. Entre 1998 y 2004 ha referido que efectuó pagos por valor de más de 600.000 euros. También en esos años llevó a cabo operaciones a nombre de sus hijos, que eran menores de edad, por cantidades que ascendieron a más de 300.000 euros.

La Fiscalía ha explicado que la hija que tienen en común esta mujer y R.B.P., N.B.R., adquirió una vivienda en Cambados en 2003 y un vehículo. También ha incidido en que realizó “gastos no justificados con sus ingresos” que llegaron a sumar unos 180.000 euros entre 2000 y 2006. El Ministerio Público ha apuntado que su hermano, N.B.R., adquirió una vivienda en Cambados en 2003 y un vehículo, así como que realizó movimientos por valor de unos 140.000 euros entre 2001 y 2006.

Por estos motivos, el Ministerio Público ha solicitado cinco años de cárcel y el pago de un multa de cinco millones de euros para cada una de las siguientes personas: O.M.R., su exnovia, S.O.P.; su padre, E.M.S., su madre, M.D.R.P.; y sus hermanas, M.G.M.R. y G.M.R. Para la hermana de E.M.S., M.L.M.S., pide tres años de prisión y una multa de 230.000 euros.

Respecto a la segunda familia, la Fiscalía ha demandado cinco años de cárcel y una multa de cinco millones de euros para cada uno de los padres, además de cuatro años de prisión y una sanción de 400.000 euros para cada uno de los dos hijos.

El Ministerio Público ha interesado el comiso definitivo y la adjudicación al Estado de los bienes y efectos patrimoniales referidos. Adicionalmente, ha solicitado para cada una de las dos madres, M.D.R.P. y M.N.R.P., tres años de prisión y la imposición de una sanción de 1 millón de euros por la comisión de delitos fiscales. También ha demandado que indemnicen a Hacienda en casi 340.000 y 465.000 euros, respectivamente.