Polémica reforma universitaria que persigue destinarles un 1 % del PIB

El Ministerio de Universidades espera llegar a un pacto educativo con las comunidades autónomas para destinar el 1% del PIB de financiación a las universidades, como refleja el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “Alcanzar un mínimo de financiación del 1 % del PIB, como propone esta Ley, debería ser una exigencia de todos y todas”, dice el borrador, presentado este lunes en rueda de prensa por el ministro de Universidades, Joan Subirats, y el secretario general de Universidades.

Según fuentes ministeriales, la propia Ley educativa (LOMLOE) ya recoge en su artículo 155 que “el Estado y las comunidades autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos diez años” y que este incremento deberá ser del 5 % del PIB, equiparándose España a la media de los países de la UE. Fuentes ministeriales indican que ese 5 % es financiación para toda la Educación, y una quinta parte, es decir, el 20 %, sería la inversión correspondiente a la Educación Superior universitaria, como recoge el borrador de la LOSU. Este montante irá destinado a las comunidades autónomas, que son las que destinarán esta financiación a las universidades.

De momento, Universidades emplaza al Ministerio de Educación y FP a liderar las negociaciones para alcanzar dicho acuerdo para alcanzar ese nivel de financiación, si bien fuentes del departamento que dirige Joan Subirats confirman que ya se han iniciado las conversaciones con las comunidades autónomas, según Europa Press. Subirats prevé llevar al Consejo de Ministros a finales de junio el anteproyecto de Ley, para que sea una realidad en el primer semestre de 2023.

Por su parte, Efe recogía que el ministro señaló este lunes que las universidades deben abrirse a todas las franjas de edad de la población, más allá de los estudiantes de 18 a 29 años –actualmente no más de un 6 % de los universitarios supera los treinta–, para así poder involucrar a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas tanto desde el ámbito académico, como el de la empresa.

Esta apertura es uno de los tres retos a los que se enfrentan las universidades españolas, según el ministro, quien consideró que, además, el mundo académico debe mantener su capacidad de servicio público, adaptarse “a los tiempos que corren” de globalización y digitalización, así como conservar y desarrollar la “intensa relación de sociedad y ciencia” surgida a raíz de la pandemia.

Abogó por que la universidad sea capaz de dirigirse al mayor número posible de sectores de la población para conseguir que la “infrafinanciación” del mundo académico sea vista como un problema compartido y poder exigir una solución “acompañados” por otros sectores.

El ministro consideró que existe una relación “intensa” entre financiación y resultados y subrayó que la nueva ley prevé un aumento de financiación del actual 0,7 por ciento del PIB al 1 por ciento.

Subirats hizo estas afirmaciones en la presentación del informe Universidad 2022, coordinado por Rafael Puyol, presidente de UNIR y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, y editado por Nueva Revista.

Críticas. El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) valoró que la reforma propuesta “es una oportunidad perdida” que aleja a España de los sistemas europeos y ha explicado que no aborda el actual modelo de gobernanza para “una verdadera autonomía operativa e institucional” de los centros.

En un comunicado, la CSS, que aglutina a los consejos de universidades públicas y privadas, critica que el anteproyecto de ley que impulsa del departamento que dirige Joan Subirats no recoge las directrices marcadas por la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para un cambio en el modelo que acerque a España a las instituciones de educación superior de Europa.

Asimismo, añade que “disminuye la participación de la sociedad en el gobierno universitario” y representa “un paso atrás en la definición de las competencias de los consejos”. “El anteproyecto pone en manos de cada universidad la definición de los criterios de elección de rector y elimina cualquier referencia a fórmulas alternativas, como contemplaba el primer borrador del anteproyecto”, critica.

Aclara la CSS que los modelos universitarios “de éxito internacionales” se caracterizan por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a los propios centros, en su gestión- en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas, entre ellas, la elección del rector por concurso de méritos.

“Sin embargo, el nuevo anteproyecto no fija ninguna postura al respecto y deja en las comunidades autónomas y en los equipos rectores la definición de estos aspectos. De esta manera, los intereses de la sociedad, a quienes debe servir la universidad, siguen alejados del centro de la reforma”, sostiene. La CSS lamenta que el nuevo anteproyecto no solo no amplíe las competencias de los Consejos Sociales “para ejercer la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de sus servicios”, sino que “sigue sin garantizar la dotación de recursos necesaria para que puedan ejercer de manera adecuada el control de la gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad”.