Los aparejadores gallegos demandan que se partan en lotes los contratos públicos

El Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que representa a los Colexios de la Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, solicita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que la futura Lei de Arquitectura “facilite la participación de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la contratación pública”. Y ¿cómo se consigue? Los aparejadores de Galicia, que preside Pelayo C. Eyo Valladares, creen que a través de la “división del contrato en lotes”, tal y como refleja la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que introduce este requisito entre las medidas de apoyo a las pymes en lo referente a simplificación del procedimiento y reducción de cargas administrativas. El Consello Galego aconseja que la nueva ley gallega siga la pauta de la LCSP, que “consolida la regla general de división del contrato en lotes, siendo excepcional su contratación conjunta, lo que facilita el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas”. Los aparejadores de Galicia recomiendan también que la nueva norma “priorice los aspectos cualitativos –de la arquitectura– sobre el precio o coste de los concursos de ideas y la redacción de proyectos que se liciten”.

El Consello Galego de Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ya envió a la Consellería sus aportaciones. El periodo de consultas previas finalizó en enero de 2021. Estas consideraciones, junto a las de otras entidades del sector, serán analizadas por la Administración. El Gobierno gallego se comprometió a incorporar cuestiones que enriquezcan el texto legislativo, en fase inicial. El anteproxecto de Lei será redactado por la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Posteriormente será enviado al Consello de la Xunta, que debe autorizar la tramitación. Su aprobación final corresponde al Parlamento de Galicia.

Comisiones y grupos de trabajo

Los aparejadores agradecen la consulta de la Xunta y solicitan que sean atendidas sus observaciones. Porque creen que, ante la “complejidad” del reto de elaborar la Lei de Arquitectura, “es capital la participación activa de todos los agentes que intervienen en el pluridisciplinar proceso edificatorio y el urbanismo”. El máximo órgano de representación de esta profesión en Galicia cree “esencial” su participación “en cuantas comisiones o grupos de trabajo se creen para elaborar esta ley”. Reitera a la Xunta su ofrecimiento de colaboración.

Desde este colectivo advierten de que la contratación de la Dirección de la Ejecución de la Obra (que corresponde a los arquitectos técnicos en exclusiva del control cualitativo y cuantitativo) y la Coordinación de Seguridad y Salud “deben licitarse de forma independiente de la contratación del proyecto y de la Dirección de Obra. ¿Por qué? “Porque nos encontramos ante agentes y figuras diferenciadas en el proceso de edificación, con funciones y responsabilidades específicas”. El Consello Galego recomienda, por otra parte, que la ley tenga en cuenta la rehabilitación energética a través de la transformación “rentable y viable” de los edificios.

El Consello Galego de Colexios de Aparelladores entiende que “la arquitectura en su conjunto debe considerarse un bien de interés general que ha de ser preservado, difundido y fomentado por los poderes públicos”. Y asegura que “la arquitectura de calidad no debe ser definida solo por la estética y funcionalidad, sino también por su contribución a la calidad de vida, a la economía circular del proceso y al desarrollo sostenible de ciudades y áreas rurales”.