Ribera ahonda en la disputa por la costa y sus competencias
La ministra criticó que la Xunta reclame una transferencia que “no ampara el Estatuto”
Nuevo episodio en el ya habitual clima de tirantez que existe entre la Xunta y el Gobierno central. En este caso, han sido las declaraciones de una figura de peso del Ejecutivo nacional como Teresa Ribera las que han alimentado un poco más la polémica entre la administración autonómica y la nacional.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático realizó una visita a tierras gallegas, más concretamente a Lugo, donde acudió a la inauguración del VIII Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España. En dicha cita, Ribera aprovechó para referirse a la polémica levantada entre Madrid y Galicia acerca del litoral y valorar una relación que, según definió la ministra, ha estado “plagada de desavenencias”.
Una relación complicada. “Desgraciadamente la historia de la Xunta de Galicia con el ministerio, en relación con la costa, está plagada de desavenencias que no siempre consideramos que se derivan de una interpretación ajustada a la norma”, afirmó Ribera.
Asimismo, la vicepresidenta tercera se mostró realmente tajante a este respecto y señaló que, por parte del Gobierno de España, “no ha habido ni una sola concesión” del dominio público marítimo-terrestre que “no haya sido prorrogada”. “Mejor dicho, ha habido una con informe negativo de la Xunta, pero las demás han sido prorrogadas en los términos ajustados a la legislación de costas. Incluso hemos ido a buscar a empresas, personas o empresas que fueran titulares de una de esas concesiones y no la hubieran solicitado, para entender, conocer y acompañar esa prórroga”, añadió la ministra, quien continuó arremetiendo contra el Gobierno autonómico llegando a señalar la existencia de “una cierta campaña” para “poner de manifiesto situaciones de inseguridad para las personas y los proyectos que contarán con un título concesional en el dominio público marítimo-terrestre”, cuando, reiteró Ribera, “no ha habido ni una sola concesión que no haya sido prorrogada”.
Transferencia de competencias. Esta también se refirió al contencioso planteado por la Xunta en relación a las competencias. En relación a esto, Ribera criticó el hecho de que la Xunta reclame que se realice una transferencia de las mencionadas competencias “sin que el Estatuto lo ampare”, ya que, según afirmó esta, los servicios jurídicos del ministerio afirman que este escenario “no es posible”, siendo este otro punto de desencuentro con el propio Ejecutivo gallego, que sostiene ampararse también en informes jurídicos. En esta línea, la titular de Transición Ecológica y Reto Democrático afirmó incluso que a ninguna otra comunidad se le ha transferido la competencia del litoral sin que haya habido un título habilitante concreto en la ley autonómica.
“Y ahora vienen con un contencioso concreto que no conozco, lo he visto esta en la prensa local y he pedido información al respecto a la dirección general de Costas para entender mejor lo que ocurre”, zanjó Ribera, en relación al recurso a la reforma del reglamento de Costas.
Precisamente el pasado miércoles, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, confirmaba la presentación por parte de la Xunta de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por la propia Ribera, que establece un nuevo canon que afecta a las concesiones que ocupan terrenos portuarios adscritos.
Lugo. Por otro lado, la vicepresidenta tercera también aprovechó su visita a tierras lucenses para referirse al asunto de los parques eólcos. Así, Ribera apremió a la Xunta a agilizar su tramitación en A Mariña, algo que permitiría abaratar la factura energética a la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo).
“Es capital poder resolver esta cuestión cuanto antes”, insistió esta, quien señaló la importancia de ofrecer garantías a los promotores e inversores, así como la trascendencia de estos proyectos desde el punto de vista industrial para Galicia.
Esta afirmó que ha pedido celeridad en el proceso al presidente de la Xunta, insistiendo una vez más en que no habrá prórrogas.
“Hace año y medio que sabemos que en enero vence
el plazo y tiene implicaciones muy serias el tardar tanto tiempo en resolver estos expedientes”, señaló Ribera, quien apuntó posteriormente a la situación de “muchos promotores que puedan estar a la espera, pero los promotores actuales merecen un pronunciamiento mo-
tivado sobre si sí o si no”.
Ante este escenario y tras descartar la vicepresidenta tercera cualquier posibilidad de prórroga, el propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, afirmó también en la jornada de ayer que su Ejecutivo trabaja “con toda intensidad” para cumplir con su parte en la tramitación de los parques eólicos ligados a proyectos industriales, con el fin de cumplir con el plazo de enero. Cabe recordar que anteriormente la Xunta había solicitado “sensibilidad” con la industria electrointensiva y había pedido una prórroga de los plazos fijados por el Ejecutivo central con el fin de garantizar la correcta evaluación de los proyectos eólicos, algo que, tal y como confirmó Rueda, la propia ministra le comunicó que no sería posible en su reciente encuentro. “Me dijo que no la habrá y sus razones. Y una vez que se dice, pues las administraciones tenemos que ser diligentes”, afirmó Rueda, quien destacó, que en la mencionada reunión se abordó “la necesidad de priorizar” los parques relacionados con proyectos industriales estratégicos, los cuales, según este, “son fundamentales”. En esta línea, el propio titular de la Xunta puso como ejemplo el caso de Alcoa. JCFV.