Rodríguez cree que la ley Celaá es partidista al designar inspectores

Santiago. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, advirtió este miércoles que la nueva ley educativa, denominada ley Celaá, es partidista y “rompe con la imparcialidad en la designación de los inspectores educativos” al “eliminar” la fase de oposición en el acceso.

Lo aseguró en una reunión con los grupos de inspectores de educación para valorar el impacto de la nueva legislación, así como para escuchar sus demandas en un contexto donde su carga de trabajo creció considerablemente debido a la COVID-19.

Rodríguez expresó su preocupación por un texto que considera que “rompe con la imparcialidad en el nombramiento de los inspectores de educación” y busca ejercer la consecuente “injerencia e intromisión” en la toma de decisiones de este colectivo, que son “el nexo de comunicación entre las escuelas y la administración”.

“Son los contactos, los interlocutores entre los centros educativos y la propia administración y sin duda su papel es clave en los últimos años para poder medir y justificar las importantes acciones en el ámbito de la calidad y la equidad educativa”, dijo, asegurando que el colectivo ya manifestó su preocupación por las modificaciones que les atañen.

Rodríguez avisó de que la ley Celáa se redactó sin tener en cuenta a las comunidades y “siembra arbitrariedad y discreción” en la designación de los inspectores, eliminando la fase de oposición en el acceso al cuerpo de inspectores, cambiando las normas “objetivas” por un sistema de “elección a dedo” que busca “controlar, dirigir y manipular”.

Según el texto aprobado, el acceso al cuerpo de inspectores de educación se realizará mediante “concurso-oposición”, de forma que en la fase de concurso “se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos directivos con evaluación positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos”.

Sin embargo, a pesar de que en la fase de oposición el texto indicaba que los aspirantes deberían realizar una “prueba” para evaluar los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa de los aspirantes, una posterior enmienda sustituye el término “prueba” por “valoración”. Así, el texto final de la ley pendiente de ser aprobada por el Senado dice textualmente que la fase de oposición “consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño de la misma”. efe