Si en 45 días no se vende Alcoa, la plantilla elegirá: ERTE o despidos
El acuerdo propiciado por Xunta y Gobierno central entre comité de empresa y multinacional lleva el plazo límite al 27 de septiembre // Se plantea colocar todo el complejo a GFG Alliance
Pocos terrenos hay –o debe haber– más neutrales para las negociaciones de trabajadores y empresarios o directivos de una compañía que la sede del Consello Económico e Social (CES) en Compostela. Allí, en la Rúa da Algalia de Abaixo, número 24, se encuentra también el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), órgano que en sus tres décadas de historia ha servido para propiciar miles de ententes entre las partes.
Fue el terreno elegido para inspirar a la comisión negociadora formada por la cúpula de Alcoa en España, presidida por Álvaro Dorado, y el comité de empresa que comanda José Antonio Zan, escenificasen el fin de las posibles hostilidades, fruto de la tensión de la negociación del ERE que ponía 534 despidos directos sobre la mesa y el fin indirecto a otros tantos puestos de trabajo en auxiliares.
Tras la mediación de Xunta y de Gobierno central, y tras tres horas de reunión, acordaron prorrogar en seis semanas, hasta el 28 de septiembre, el periodo de consultas del citado expediente de regulación de empleo. En estos 45 días, en los que la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), mantendrá toda su actividad, con las cubas electrolíticas en marcha, mientras se negocia a contrareloj la venta del complejo a GFG Alliance, propietario británico de Liberty House y de Alvance Aluminium.
Se sabía del apoyo del comité a dicha propuesta, pues recogía todas sus demandas, pero había alguna duda sobre si la multinacional aluminera podría plantear alguna contraoferta o salvaguarda, pero no fue así. En un comunicado Alcoa aceptaba un acuerdo que cuenta “con respaldo de los gobiernos nacional y regional” e incluía evaluar la posible venta de toda la planta a GFG, “que expresó públicamente su interés en adquirir la instalación”. Aunque era reacia a deshacerse de la refinería de alúmina, rentable y donde controla un 60 %, el resto del capital está en manos de su socia australiana Alumina Limited.
Ahora apunta a que la potencial operación “incluiría las series de electrólisis y la fundición, con una capacidad de producción anual de 228.000 toneladas, instalaciones que continuarán operando durante este proceso de evaluación de venta”.
Eso si, desde la compañía estadounidense avisan: en caso de transcurrido este periodo de gracia, el 27 de septiembre, no se cierre la compraventa, se reunirá con el comité el 28, sin más demora, “a efectos de considerar, dentro de ese mismo día, un acuerdo de un ERTE”, y, de no haberlo, “la implementación de un despido colectivo”. El propio Dorado lo explicó en un correo electrónico remitido a toda la plantilla.
Esa es la espada de Damocles a 45 días vista. Zan, sin embargo, se queda con el hecho de que “se abre un periodo que esperamos que sea fructífero para la venta para así poder continuar funcionando muchos años con las electrólisis y las cubas”.
“Hay que agradecer tanto al Gobierno central como, sobre todo, al autonómico, que nos hayan echado una mano en el tema laboral y nos hayan apoyado en todo momento”, indicó el presidente del comité, que avisó de que “no se ha cerrado nada” y ahora lo fundamental es “llegar al día 27 con un acuerdo”, y la fábrica pueda tener “viabilidad durante muchos años”, dijo.
Por tanto, Xunta y Moncloa son todavía “fundamentales”, les queda mucho que mediar para “poder salir del atolladero”. Si el 28-S continúa sin haber una salida, entonces tocará volver a negociar sobre otras posibles soluciones. Pero antes luchar porque cuaje la vía de GFG Alliance. Muchas cosas pueden cambiar, de hecho se detecta una subida de cotizaciones internacionales del aluminio, e “igual a Alcoa incluso le interesa seguir con la producción”.
Ellos, por su parte, sólo piensan en “poder jubilarnos en la fábrica y que A Mariña tenga un futuro y una economía viables”, zanjó Zan.
Apaluso de Economía, Emprego e Industria
Desde la Xunta se agradeció esta entente y se llamó a “todas las partes a que actúen con responsabilidad” en busca de una solución, incluido Gobierno central, que debe articular el prometido marco energético estable. “Es ahora o nunca, se abren 6 semanas para trabajar en una solución viable y con futuro. Galicia y A Mariña se merecen esta oportunidad”, alegan desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria que encabeza Francisco Conde.
Llama a aprovechar “esta inercia positiva para buscar puntos de encuentro”. Por tal motivo, emplaza al Gobierno a que ponga sobre la mesa el ansiado estatuto para la industria electrointensiva gallega que redundará en el futuro de la comarca lucense y toda una actividad fabril importantísima.
A este respecto, el Gobierno gallego muestra su “compromiso” para defender este sector estratégico y a “la única fábrica de aluminio primario activa en estos momentos en España”, a la vez que se ofrece a colaborar en el desarrollo de un plan industrial.
“Sabiendo que son más las cosas que nos unen que las que nos pueden separar, se abre una nueva oportunidad. Seis semanas para dar una solución a un millar de familias, entre trabajadores de la planta de aluminio y de las auxiliares”, inciden desde este departamento.
La demanda al SIMA interpuesta en Alu Ibérica por la Federación de Industria de USO, a la que se adhirieron Comisiones Obreras, UGT, APC y CIG, que tiene carácter previo a la demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, finalizó el jueves sin acuerdo y derivando a las partes a un arbitraje.
Estaban presentes una representante de Grupo Industrial Riesgo, dos abogados de Garrigues representando a Alcoa, los sindicatos y dos mediadores. No acudió nadie por Capital Parter Group.
Fuentes sindicales explican que Riesgo, actual propietario –a quien Parter dejó por sorpresa la gestión y mayoría en el accionariado– se mantuvo en la postura de que cumplen sus compromisos y que la culpa de la mala situación de las plantas de A Coruña y Avilés es de los comités de empresa, que la boicotean.
Por su parte, Alcoa defendió que ya no tiene nada que ver con sus fábricas hasta el pasado 1 de julio de 2019, se desentiende. Apuntan que los mediadores propusieron un aplazamiento por un mes para que Riesgo presente un plan de inversiones, pero ante el rechazo de los representantes de los trabajadores, el SIMA redactó un acta de petición de arbitraje firmada en desacuerdo por los éstos últimos. “Por lo tanto, el próximo paso es la demanda colectiva en la Audiencia Nacional”, explican.
En un comunicado se explica que “tras meses de promesas incumplidas, de reuniones infructuosas con las diferentes administraciones, hartos de declaraciones de buenas intenciones, la Federación de Industria de USO ha tomado la iniciativa para, llegado el caso, abordar judicialmente una situación que ya se torna insostenible para las plantillas de los centros de Avilés y A Coruña”.
El objeto de la demanda es que se reconozca la obligación de los demandados (Alcoa, Capital Parter Group y Grupo Industrial Riesgo) de proceder a implementar un plan de negocio para las plantas astutiana y gallega, que incluya inversiones y apoyo financiero tal y como establece el párrafo segundo y tercero del punto 7 del Acuerdo de fecha 4 de julio de 2019.
En declaraciones de Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical de USO, “los trabajadores y trabajadoras de Alu Ibérica de las plantas de Avilés y A Coruña sufren una inseguridad jurídica alarmante y nadie quiere asumir responsabilidades, o las empresas demandadas cumplen con sus compromisos o de lo contrario deberían reconocer que existe una parálisis de las inversiones y por consiguiente, una falta de ocupación efectiva, que permita a las plantillas acogerse a las medidas sociales que se detallan en el Acuerdo de 15 de enero de 2019”.
En este sentido se pronunció Ángel Marqués, secretario general de la sección sindical de Alu Ibérica Avilés“, en la actualidad hay tareas asignadas en las plantas, pero ni son productivas ni relativas a una supuesta actividad industrial, por tanto, hay un incumplimiento claro del acuerdo alcanzado, además la Formación es unilateral y discrecional por parte de la empresa, solo pretenden cubrir el expediente sin atender las necesidades formativas reales de la plantilla”.
Desde FI-USO queremos reconocer la labor de los mediadores del SIMA en este proceso, y tras finalizar la mediación sin acuerdo que proponen someter este conflicto a un arbitraje.
FI-USO quiere trasladar un mensaje contundente: “no cesaremos en nuestro empeño de que se cumplan los compromisos adquiridos y que se dote de actividad industrial a las plantas afectadas que permitan garantizar el empleo, y para ello iniciaremos cuantas acciones legales consideremos oportunas”, sentenció Montoya.