Sigue el rifirrafe por la propiedad de los bienes del pazo de Meirás
Un juez de Madrid escuchará al Estado y a la familia Franco el 21 de octubre por la última demanda interpuesta a la que se unió la Xunta
Continúa la disputa por los bienes muebles de Meirás cuando los hermanos Martínez-Bordiu ya preparan la mudanza, que quieren comenzar esta semana.
El Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid ha fijado para el próximo 21 de octubre una vista para escuchar las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la familia del dictador Francisco Franco sobre la demanda que presentaron los servicios jurídicos de la Administración -–y a la que se unió la Xunta de Galicia– para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada.
Fuentes jurídicas informaron de que el juez Roberto Fernández celebrará el viernes 21 una vista para estudiar las medidas cautelares que ha reclamado la Abogacía del Estado en la demanda que presentó el pasado 21 de septiembre.
En concreto, el juzgado estudiará la petición de los servicios jurídicos, que reclaman que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva “a quién corresponde la propiedad”.
Para la Abogacía, es una medida cautelar que se considera “esencial” para “garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran”.
La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
postura de la xunta Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
La Xunta aseguró que así reforzaba “la postura que lleva manteniendo desde el inicio del proceso” y apoyaba “la unidad de acción” con el resto de administraciones, con el objetivo de trabajar “de forma leal y coordinada para favorecer los intereses generales de Galicia”.
Por eso, en el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su “interés legítimo” para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.