Sin desempleo ni descanso: “Es un trabajo mal valorado”
Cuando tenía 48 años Jacqueline Padrón se vio obligada a emigrar de Cuba a Galicia, donde, por necesidad, se dedicó al empleo doméstico. Tras ocho años trabajando como interna y cuidando a personas dependientes, ahora no la contratan. Aunque cotizó, no tiene derecho a cobrar el paro.
Su perfil, el de mujer inmigrante, es el mayoritario en este sector en España, y pese a la campaña de la Inspección de Trabajo para actualizar su salario, sigue en precario Tras haber estudiado Contabilidad en La Habana y ejercer su profesión en el Ministerio de Justicia de Cuba y en una entidad bancaria, se quedó sin trabajo y emigró en 2010.
La primera casa en la que estuvo se sitúa en una aldea de Nogales (Lugo), donde se encargaba de la limpieza del hogar y cuidaba a un mayor que tenía alzhéimer y carecía de movilidad, por lo que “era una labor dura”. “Tenía un contrato de cuarenta horas semanales, pero eso no es cierto, porque cuando eres interna estás ahí el día entero, para lo que sea. A cualquier hora estaba pendiente por si necesitaba algo”, narra Jacqueline, y recuerda que, al estar en un núcleo al que no llega el transporte público, solo se iba del domicilio una vez al mes.
Después de trabajar en otra vivienda en la que también atendía a una persona dependiente se quedó sin trabajo en diciembre de 2019 y se mudó a la ciudad de A Coruña. Mientras buscaba una nueva oportunidad llegó la pandemia y con ella un nuevo calvario, pues la gente tenía miedo al contagio y no contrataba a empleadas del hogar. “Nadie me dio respuesta. Todo este tiempo he estado sin trabajar y sin cobrar nada, porque nosotras no tenemos derecho al paro”, cuenta Jacqueline.
Si bien ella estuvo dada de alta en la Seguridad Social, este sector aglutina un gran número de personas en la economía sumergida. Aunque la cifra se redujo desde que se aprobó el Real Decreto 1620/2011, del 14 de noviembre, por el que las asalariadas pasaron de cotizar en un régimen especial a hacerlo en un sistema especial dentro del régimen general, la asociación Xiara calcula que entre un 65 % y un 70 % siguen trabajando en negro en Galicia.
Según los datos del Gobierno, la Comunidad reunía el mes pasado 25.284 personas en el sistema especial para empleados del hogar (de las que solo poco más del 2 % son hombres), mientras que en febrero de 2010, antes de la reforma, el régimen especial contabilizaba 20.516 individuos. El derecho a un salario mínimo, a vacaciones y al reconocimiento de la baja por enfermedad a partir del cuarto día fueron algunas de las mejoras que trajo consigo esa ley, pero todavía queda mucho por hacer para acabar con la discriminación.
Así lo asegura la portavoz de la asociación Xiara, Teresa Rodríguez, quien reclama la vacunación de las empleadas del hogar frente a la COVID, la inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que implica la equiparación de sus derechos con los del resto de trabajadores del régimen general.
También hace referencia a la campaña de la Inspección de Trabajo, que obliga a los empleadores a actualizar sus cotizaciones antes de este miércoles, para considerar que “no es una medida seria” porque solo es retroactiva desde enero de 2021 y contempla jornadas completas cuando “la parcialidad en este empleo es la mayoría”.
La doctora en Sociología de la Universidade da Coruña Antía Pérez Caramés explica que esta medida “es un paso importante”, porque supone una advertencia formal por parte del Estado de que hay unos mínimos a cumplir”, pero cree que “no es suficiente”. Recuerda que a finales de marzo del año pasado, en el confinamiento, se aprobó un subsidio extraordinario para personas empleadas del hogar, que tilda de “relevante” dado que “por primera vez se da un pequeño paso para su normalización como empleo”.
Sin embargo, esta prestación se dio de manera excepcional por la situación derivada de la pandemia porque no se considera un empleo como cualquier otro, sino ‘especial’.