Solo el 4,3% de los procesos ante el Defensor del Pueblo provienen de quejas gallegas

El Defensor del Pueblo tramitó durante el año pasado 862 expedientes de Galicia. De ellos, 859 son por procesos abiertos a raíz de quejas (representando el 4,3% del total nacional) y 3 solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), según el Informe anual 2019 de la institución, hecho público ayer.

En la comunidad gallega, las provincias de A Coruña y Pontevedra copan el 80 % de las quejas, con 339 y 351, respectivamente; frente a las 83 de Lugo y 89 de Ourense. El número total de quejas ascendió con respecto a las 779 de 2018, pero bajó ligeramente su porcentaje desde el 4,7 % de el año anterior.

En cuanto a las áreas de actuación donde más se quejan los gallegos, función y empleo público es la primera, con 98; seguida de Política Social, 89; Administración de Justicia, 85, e impuestos, 81. Además, la entidad recibió el año pasado 64 expedientes para su estudio desde su homólogo gallego, el Valedor do Pobo (son 17 más que en 2018, pero se coloca como el Alto Comisionado autonómico que menos asuntos remitió), así como 42 quejas de ciudadanos individuales que fueron admitidas.

A nivel nacional, el Defen -sor del Pueblo contabilizó en 2019 19.809 expedientes de queja (3.185 más que en 2018) de los que la mayor parte tuvo su procedencia en Madrid (5.659). Mientras, las ciudades autónomas de Ceu- ta y Melilla registraron el menor número (44). En total, en España fueron 20.616 procesos abiertos en su oficina, al contabilizar también las 135 solicitudes de interposición de recurso ante el TC. Tres de ellas proceden de Galicia, concretamente de la provincia de Pontevedra.

Entre los expedientes de Galicia están la asistencia sanitaria gratuita para extranjeros con estancia temporal, atascos del Juzgado de lo Social de A Coruña, la contaminación por lindano en O Porriño, problemas de víctimas de violencia machista para acceder a programas de empleo y Risga, la actuación de oficio con tra el Concello de A Coruñapor una mujer de 91 años que llevaba varios días en su casa sin comer ni beber, o la no obligatoriedad en los Centros de Informa- ción a la Mujer de tener orientador laboral.

Asimismo, los gallegos también pidieron ayuda por la rigidez para estipular los dos kilómetros de distancia de casa al colegio para el transporte escolar, demoras en la tramitaicón del grado de discapacidad de hasta dos años, prestaciones para cuidadores no profesionales de dependientes, deficientes ser -vicios de tren en el rural, caza de la tórtola común, contaminación de manantiales, ríos con cianobacterias tóxi- cas, muerte por maltrato de 4 caballos salvajes en Oia, venta de perros en Internet, opositoras en su embarazo, parto y posparto, o el acceso al cuerpo de catedráticos de Secundaria, entre otros asuntos, muchos de los cuales los aborda la Valedora do Pobo..

··· El Defensor del Pueblo califica a los gobiernos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como “administracions entorpecedoras” de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.

··· En Galicia son las consellerías de Política Social y Medio Ambiente, y cuatro concellos. Uno de la provincia de A Coruña, el de Ferrol; y cuatro de la de Pontevedra: Catoira, O Porriño y Vigo.

Santiago. Por segundo año consecutivo, el informe anual del Defensor de Pueblo incluye un anexo en el qu trata en profundidad la situación de los centros residenciales para personas mayores en las comunidades autónomas. Para ello, la institución solicita a cada Gobierno autonómico un informe de la situación. En esta ocasión, tal y como indica el alto comisionado, la Xunta no proporcionó el suyo.

De hecho, a finales de 2019, había recibido la mitad de los informes solicitados (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Balears, La Rioja, Región de Murcia, Navarra, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Imserso, Ceuta y Melilla).

En las conclusiones generales de esta informe especial, el Defensor indica que “resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector, y que con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato”.

Cada comunidad tiene requisitos diferentes Como principales cuestiones a solucionar, algunas de ellas ya detectadas en 2018, está la gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento; la no existencia de un método común para recopilar datos y hacer estadísticas sobre recursos disponibles; se carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas de atención residencial para atender los derechos subjetivos derivados de la Ley de Dependencia; y la necesaria y profunda revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial, pues se han quedado desfasadas.

Poca cualificación del personal y pocas inspecciones También indica como porblemas en los centros de la tercera edad, la necesidad de mejorar la cualificación del personal que presta sus servicios en el sistema residencial, por lo que las administraciones deben fomentar e impulsar planes de formación profesional específica; es imprescindible que las comunidades creen con urgencia, o en su caso incrementen adecuadamente, unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedanhacer vigilancia eficaz con el objetivo de que los centros mantengan los requisitos que manda la ley, y la necesaria adaptación de los protocolos de ingreso de residentes con deterioro pronun- ciamientos del Tribunal Cons titucional.

Nueva ley necesaria Además, desde la oficina de Comunicación del Defensor se indica la necesidad de una ley orgánica que delimite las circunstancias extraordinarias en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir limitaciones en algunos de sus derechos fundamentales; unificar criterios sobre ingresos no voluntarios y pérdidas de capacidades cognitivas, y minimizar las sujeciones físicas a supuestos excepcionales. s. barba