Solo el 6,3 % de gallegos en riesgo cobran la renta de inserción

Solamente el 6,3 % de la población gallega bajo en el umbral de la pobreza se beneficia de las rentas mínimas de inserción (RMI) . Una cifra aún más baja que la que ofrece la media de España, del 8 %, y a un abismo de la de la comunidad autónoma con mejores coberturas, Navarra, donde el 70,4 % de las personas en riesgo de exclusión la cobran.

Según el informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que publicó el Ministerio de Derechos Sociales, existen enormes diferencias en esta cobertura. Dos comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen el 70,4% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas en esa situación de precariedad económica. Del resto, sólo cuatro garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León).

En el polo opuesto, las RMI de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.

Además de este indicador, el informe –analizado por la Asociación de Directores de Centros de Servicios Sociales– también deja claro que la cuantía de estas rentas tampoco es equilibrada en todo el territorio español.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 17,1% de la renta media por hogar. Una cantidad extremadamente baja, aunque experimentó un repunte en el último año desde el 13,7 % de 2018 al 17,1 % de 2019.

Extremadura, con un 23,1 %, es la autonomía cuyos perceptores de RMI perciben más dinero en relación con la renta media de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana, con unas cuantías superiores al 20 % de la renta media de su territorio. Esto significa que los perceptores RMI de estas tres comunidades se les garantiza uno de cada cinco euros de la renta media de su comunidad.

Sólo otras cinco comunidades superan el 15 % (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, tres tienen un porcentaje mínimo, Galicia (12,2 %), Murcia (10 %) y Baleares (7,2 %). Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a perceptores garantizar la supervivencia.

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indican que la creación del ingreso mínimo vital fue “una magnífica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza. Pero lamentablemente, una vez más, las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas”.

En vez de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando “ angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso” en los trámites, “inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos” con las personas más vulnerables.

Así, demandan al ministerio que ponga en marcha una “pasarela” para los “297.183 solicitantes de las RMI de las comunidades” y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a llos gobierno autonómicos reclaman que “los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades” en el mercado laboral.