Sostre se niega a declarar por el fraude de las subvenciones

Quien fuera el secretario de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hasta el 2000 y es todavía el principal acusado por un supuesto delito de fraude de subvenciones a finales de los años noventa en la patronal gallega, Rafael Sánchez Sostre, se acogió a su derecho a no declarar en la vista oral que este miércoles empezó en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Sostre calló y le dejó las palabras a su letrado que, sumándose a las defensas de los demás encausados (nueve en total), exigió la prescripción de los delitos.

Tras varias suspensiones, la última en 2019 por “traspapelarse” miles de folios, el juicio sobre unos hechos ocurridos hace más de 20 años, durante un periodo en el que el fallecido Antonio Ramilo era presidente de la patronal, comenzaba con menos protagonistas de los esperados. Exactamente con seis procesados presentes, puesto que uno no pudo comparecer por enfermedad y hay dos personas jurídicas sin representación.

En este contexto, mientras que en el caso de Sánchez Sostre la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros, los otros ocho imputados se enfrentan a dos años de cárcel, así como a pagos que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Entre estos últimos, socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos formativos que se habrían apropiado de fondos públicos destinados a tal efecto entre 1996 y 1999.

SE DESARROLLARÁ todo el juicio. Así las cosas, las defensas pidieron en las cuestiones previas la prescripción de los delitos, pero no lo consiguieron: al menos por ahora. Y es que el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, fue tajante y explicó que en esta fase del proceso no se iba a dictaminar eso.

A este respecto, el juez hizo hincapié en que “deberá desarrollarse todo el juicio” –fijado para 12 días– al tratarse de una trama “compleja”, pues si se declara acerca de ese tema en las cuestiones previas, el Tribunal Supremo puede declarar la nulidad de esa decisión (según dijo). “Lo que tratamos es que no se repita el juicio”, resaltó Pantín, anunciando una decisión que fue mal recibida por los letrados.

Como ejemplo, el abogado de Sánchez Sostre se quejó de que su cliente sufrió “pena del telediario durante 21 años”, indicando que “echar a la basura” una veintena de tomos de instrucción y 12 días de juicio oral puede producir “vértigo”, pero que “no es excusa”.

Asimismo, advirtió de que “no se puede venir a este juicio con predeterminación del fallo” y denunció una “vulneración de derechos”. De igual modo, dijo que repetirá estas reclamaciones en las conclusiones, pues “el resto es una ceremonia de confusión”.

Por su parte, el juez concedió a los letrados la posibilidad de seguir el juicio (que se se retomará el viernes con el resto de comparecencias) telemáticamente por la pandemia a partir de la próxima semana, siempre que tengan algún representante en la sala en el que se puedan delegar en caso de fallo técnico.

“UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL”. Si bien el principal imputado se negó a responder todas las preguntas, este miércoles sí que se tomó la palabra de los restantes acusados que compartieron banquillo con Sánchez Sostre.

Entre ellos habló el administrador de una sociedad de formación y consultoría --extinta actualmente pero que, según indicó, fue “la empresa de formación más grande en España”-- quien subrayó que solo mantenía una “relación institucional” con el antiguo secretario de la CEG, ya que había un comercial que se encargaba en Galicia de las gestiones con la confederación.

Por otro lado, el encausado comentó que con la patronal gallega había un acuerdo para ofrecer una “aula virtual de innovación”, que en 1999 “era una cosa muy innovadora”. De hecho, sostiene que dicha institución “fue la primera entidad en España con aula virtual” para formación a distancia. Por ejemplo, con cursos sobre el inicio de Internet.

Este hombre, que contestó a todas las partes, indicó asimismo que hubo un “contrato firmado con Antonio Ramilo” por valor de 11 millones de pesetas en las que se recogían las especificaciones técnicas.