Suma la plataforma de afectados del cartel del motor a 3.500 gallegos

Más de 150.000 personas de toda España se han puesto en contacto en las últimas semanas con la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches para solicitar información sobre los fabricantes implicados en el llamado cartel de vehículos y para conocer los pasos que deben dar para presentar sus reclamaciones.

Actualmente son más de 49.000 los afectados que ya se han adherido para iniciar los trámites precisos para unirse a las demandas en las que se reclamará judicialmente una indemnización económica acorde al sobreprecio que pudieran haber pagado en la compra de su vehículo. De ellos un 7 % son gallegos, alrededor de 3.500 –y creciendo–, según aseguraron a EL CORREO GALLEGO desde la AACC. Su presidente, Pablo Chamizo, alegó que “la intención de la Agrupación es seguir creciendo para hacer accesible la reclamación a todos los afectados y evitar los costes que generaría a cada individuo o empresa emprender acciones por su cuenta”.

Están a disposición de cualquier persona física o jurídica que comprase un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013 y que quiera informarse sobre sus derechos. En la web Afectadoscartelcoches.es encontrarán toda la información respecto a las marcas y vehículos afectados y los pasos que deben seguir para sumarse a esta actuación. Tiene el asesoramiento jurídico de Cremades & Calvo-Sotelo.

Una vez recogidas todas las solicitudes, el bufete dará los pasos necesarios para iniciar una negociación con los fabricantes que les permita llegar a un acuerdo. En caso de que este acuerdo no fuera posible, se iniciará los trámites necesarios para llevar las reclamaciones a los juzgados de lo Mercantil.

Atilano Vázquez, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, confirmó que intentarán agrupar las demandas porque “no queremos diseminar el cártel por toda la geografía ni colapsar el sistema judicial ya que estamos hablando de más de 10 millones de personas que han podido verse afectadas por este asunto en toda España”.

Asimismo, destacó que “tanto por el volumen de personas afectadas como por la repercusión económica que podría alcanzar este asunto, nos encontramos antes un caso histórico en España, ya que las marcas implicadas representan más del 90 % del mercado de automóviles en nuestro país y las reclamaciones podrían superar los 40.000 millones de euros”.

Tanto desde la Agrupación como desde el despacho de abogados se señala que será un proceso complejo debido a su embergadura pero se trabaja con la idea de, una vez determinada la conducta ilícita por la CNMC y los Tribunales, conseguir que los afectados vean reparado su perjuicio. Además, se cuenta con la experiencia de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, despacho líder en reclamaciones colectivas a nivel nacional e internacional. Esta firma ha llevado a cabo acciones contra AENA por el cierre del espacio aéreo y los controladores aéreos, contra Bernard Madoff en EEUU o la defensa de los accionistas minoritarios de empresas cotizadas en España, entre otras.

Sentencias del Tribunal Supremo

En un sector estratégico para la economía española como es el de fabricación y comercialización de vehículos, debido a su elevado peso en la industria, en el empleo, a su efecto arrastre en otros ámbitos y a su contribución a las exportaciones, se vinieron produciendo desde febrero de 2006 a julio de 2013, prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 julio, de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Esta situación provocó la incoación por parte de la CNMC de un expediente sancionador (S/0482/13, de 23 de julio de 2015), afectando a 21 fabricantes con una multa total de 171 millones de euros. Los recursos de los fabricantes a la Audiencia Nacional fueron desestimados en diciembre de 2019 y, en última instancia, sus recursos de casación ante el Tribunal Supremo han sido inadmitidos en abril y siguientes del 2021(hay 3 pendientes).

La Justicia entiende que no es comprensible una conducta de intercambio de información si no es bajo el prisma de tratar de uniformar las condiciones comerciales y eliminar la incertidumbre para restringir, falsear o eliminar la competencia.

Tras estas sentencias del Tribunal Supremo en las que se ratifican las multas a cada una de las compañías, se abre la vía para que más de 10 millones de particulares y empresas que compraron vehículos nuevos de las marcas implicadas en el cártel entre febrero de 2006 y julio de 2013 reclamen a los fabricantes una indeminización que, en función de la marca y el modelo adquirido, podría ser del 10-15% del precio del vehículo, más los intereses legales.