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Suspendido el juicio por trata de mujeres y agresión sexual contra los dueños de un club de Meis por faltar una testigo

Los procesados captaban a las víctimas en Venezuela y les obligaban a prostituirse en su establecimiento

A Coruña /E.press La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha suspendido el juicio contra los dueños de un club de Meis ante la falta de una testigo de cargo. Los procesados están acusados de trata de seres humanos por obligar a varias mujeres a prostituirse en su establecimiento.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron la suspensión ya que no ha sido posible localizar a esta mujer, ni tampoco tiene conocimiento de dónde se encuentra esta testigo fundamental para la causa.

La magistrada que preside el tribunal ha indicado que la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) tampoco tiene noticias del paradero de esta persona.

Por ello, el tribunal ha acordado la suspensión, pero no ha fijado un nuevo señalamiento ante la falta de garantías para localizar a esta testigo que no se encuentra representada legalmente en esta causa.

La Fiscalía solicita una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle, situado en Meis, un hombre de nacionalidad brasileña; y 22 años de cárcel para la mujer de origen rumana que, en 2018, lo dirigía junto a él.

A ambos, se les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres delitos de prostitución coactiva. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual.

CAPTABAN MUJERES EN VENEZUELA En el escrito de acusación, la fiscal asegura que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club, donde tres de ellas fueron sometidas a un verdadero régimen de esclavitud, obligándolas además a asumir el coste de sus viajes a España. Todo el dinero que ganaban, hasta saldar esa deuda, se lo quedaban los responsables del club.

Las tres mujeres, una de ellas con 18 años recién cumplidos, padecieron también reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, sufrió un intento de violación por parte del administrador del establecimiento.

Agentes de la Guardia Civil liberaron a las tres víctimas en julio de 2018 tras una inspección realizada en el club. El fiscal reclama una indemnización de más de 33.000 euros para ellas.

Junto con la pena de cárcel y estas indemnizaciones, la Fiscalía solicita al tribunal que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada.

18 ene 2022 / 12:30
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