Todos contra Alcoa: se terminó la diplomacia tras su veto a la venta

Alrededor de 260 kilómetros separan A Mariña de Nigrán, que es la distancia que se vieron obligados a recorrer los miembros del comité de empresa de Alcoa San Cibrao para, a exigencia de la compañía aluminera, reiniciar los contactos con la representación laboral para hablar de expedientes de regulación de empleo, temporal en su vertiente más benévola (ERTE), definitivo en la más dañina (ERE). Amenaza de 534 despidos que la compañía esgrimía ante la negativa de los trabajadores a negociar nada con quien opina lleva semanas actuando de mala fe, al vetar la venta de la factoría a Liberty House, que pertenece al grupo GFG Alliance.

Demasiado calientes estaban todavía los ánimos para tratar el tema, pues una hora antes de que venciese el plazo para lograr que cuajase dicha operación, Alcoa había dado por rotas las negociaciones. Después de la una de la madrugada de lunes llegaba un lapidario comunicado conjunto del Ministerio de Industria y de la Consellería de Economía donde trasladaban al comité su decepción por esta ruptura y culpaban a la empresa de haber actuado “de mala fe” estas semanas.

A las nueve y media de la mañana se celebraba telemáticamente la reunión definitiva de la mesa multilateral de información sobre la malograda compraventa de la factoría, donde las dos administraciones acusaban a la multinacional de “empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario” que afectará al conjunto de A Mariña.

Respondía Alcoa, también por medio de una nota de prensa, que el acuerdo fue “imposible” a pesar de que, contra la opinión de las administraciones y los sindicatos, negoció “de buena fe” y planteó una “oferta equilibrada” para ambas partes, con “varias concesiones” para alcanzar la entente. Sin embargo, consideran que GFG “no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se negó a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta e insistió en términos comerciales poco razonables”. Entre ellos, los relacionados con el suministro de alúmina que se fabrica también en complejo de San Cibrao y Alcoa no incluye en esta operación.

Insiste Alcoa en que la factoría lucense acumula pérdidas que suman más de 110 millones en 2018 y 2019, y en que asumió el millón de euros semanal que le cuesta mantener las cubas activas todo el tiempo que se estuvo dialogando.

Decía Alcoa ser consciente “del impacto humano y social de este proceso” y reafirmaba su compromiso de trabajar “para encontrar la mejor solución para los empleados”, aunque avisaba de forma clara: o se alcanza un acuerdo para el ERTE, o tocará aplicar el esgrimido desde los inicios despido colectivo permanente sobre 534 operarios de la fábrica de aluminio de Cervo.

Diálogo. Evaporadas seis semanas de esperanza, los representantes de los trabajadores de la factoría lucense recorrían las tres horas que les separan del Pazo de Cea (Nigrán), punto de encuentro fijado por los negociadores de la empresa que preside en España Álvaro Dorado. Al menos no fue en Madrid, asediada por la covid, la primera intención de Alcoa.

Pasado el mediodía, a la una comenzaba un cónclave que se preveía largo. Tras las vallas de estas instalaciones, decenas de operarios se desplazaron también en apoyo del comité, haciéndose notar con cánticos como “fuera yanquis, pandilla de mangantes” y “queremos trabajar y no emigrar”. Por lo que pudiera pasar también se encontraban allí multitud de furgones de la Guardia Civil.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, denunciaba en un receso de esta reunión que la multinacional condicionó a que hubiese sobre la mesa “despidos firmados” para ampliar el plazo de negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la venta de la fábrica.

Hubo mala fe porque, sostiene, no se les informó a la representación laboral de ello. “¿Quién entra a negociar un ERE o un ERTE de esas formas?”, reprobó Zan, preguntándose si la oferta de la empresa pasará por ofrecer “dos duros más” tras intentar “despedir” a los trabajadores sin informarles, negociando por detrás. De forma ilegal. De “vergonzoso” tildó el planteamiento de Alcoa pese a “todo lo que le ha dado A Mariña”, remató.

Pazo do Hórreo. Los grupos de la Cámara gallega intensifican sus reclamaciones por una solución para la fabricación de aluminio primario en A Mariña tras el fracaso de las negociaciones para la venta de Alcoa. Preparan un posible escenario de frente común de las fuerzas políticas, una escenificación que el PSdeG quiere que llegue con una llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a los demás partidos, mientras que el BNG anuncia una carta dirigida a la Xunta y al presidente Pedro Sánchez para que se “nacionalice” la fábrica.

Recoge Europa Press las tres ruedas de prensa del lunes que apuntan a esta más que posible entente. La primera, la del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien aseguró que “no es de recibo” la situación actual e instó a “poner por delante” los intereses generales y de la propia economía española, defendiendo que el Gobierno de España y la Xunta “continúen trabajando juntos”. Eso sí, demanda a Moncloa para ya mismo el marco electrointensivo que permita operar a Alcoa, Celsa, Xeal o Alu Ibérica.

Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, reclamaba como “viable y legal” la nacionalización que piden desde hace meses –y la oferta puente de la SEPI le da la razón–, como la mejor vía para dar “viabilidad” a la fábrica. En Alemania y Portugal lo hicieron en el contexto de la pandemia sin que les frenase el capitalismo.

Pontón reclamó una “solución política” ante el “futuro muy negro” que se visibiliza para la comarca de A Mariña, avanzando el envío de cartas a los presidentes del Gobierno gallego y central para pedir esta intervención pública y “garantizar la única fábrica de aluminio primario” en la península.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, incidía en la “mala fe” de Alcoa al romper una solución “viable” y destacaba la actuación del Gobierno central en la búsqueda de una solución, incluso utilizando a la SEPI como puente. Instó a revisar las subvenciones millonarias recibidas por la multinacional, incluso mencionando “indicios de fraude”, y a obligar al grupo a la total reposición medioambiental en A Mariña.