Un embarazo cancela el juicio contra los narcotraficantes gallegos del ‘Titán III’

Se suspende el juicio contra los 21 acusados en el caso Titán III. El acto, que este lunes se había programado a las 12.30 horas por la cita médica que tenía una de las abogadas de los presuntos narcotraficantes, finalmente habría desembocado en una baja médica por su embarazo. El hecho obstaculiza nuevamente la celebración del pleito, cuya interrupción fue acordada en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Las nuevas fechas elegidas son el 20, 21 y 22 de julio para el trámite de cuestiones previas. Y del 20 septiembre al 1 de octubre para la celebración del juicio. Respecto a los acusados José Andrés Romano Vilar y Serafín Pego Vidal, cuyo enjuiciamiento será por separado, el tribunal señalará las datas en las que declararán una vez que alcance el alta médica su letrada, que no es la misma que la anterior, sino otra que en este momento tiene una fractura en la pierna.

Para Antonio Rull, quien comunicó que no posee medios económicos para comparecer en persona, la Sala le informó (a través de su abogada) que debe ponerse “en contacto con los servicios sociales de su comunidad autónoma a efectos de que faciliten la presencia en el juicio porque no se va a acordar videoconferencia”.

AÑADIR LOS ANTECEDENTES. A la vista de esta cancelación, el Ministerio Público planteó dos cuestiones previas. En primer lugar, incorporar las hojas actualizadas de antecedentes penales de todos los procesados. En segundo lugar, añadir el testimonio material de la causa a la que se refiere la resolución de la diligencia del 15 de marzo de 2021.

En este sentido, las defensas pidieron que se incorporasen una serie de audios en relación con este proceso, así como que se mantenga la contingencia del mismo para incluir a Serafín Pego y José Andrés Romano Vilar, algo que la jueza no concedió.

“Acordado el enjuiciamiento por separado en este momento será su letrada la que tendrá que solicitarlo en el momento oportuno su defensa, no usted letrado”, respondió la magistrada ante esta última petición.

Este abogado, que intentó agregar también más testigos, se llevó otra negativa. “Al inicio del juicio no es momento procesal para proponer pruebas sin perjuicio de que al inicio del juicio usted pueda comparecer con los medios de prueba que crea pertinentes”, indicó la titular del tribunal.

LIBERTAD PROVISIONAL. Asimismo, en cuanto a los dos imputados privados de libertad, la Fiscalía demandó su salida de prisión, pues “las circunstancias que motivan la suspensión (del juicio) son extrañas a cualquier dilación procesal que pueda ser atribuible a estos dos acusados”.

“Se interesa que se modifique su situación personal, se acuerde su libertad provisional, se les prohiba dentro de la libertad provisional, salir del territorio, se retenga su pasaporte y se les obligue a comparecer con periodicidad semanal en el juzgado de guardia más inmediato de sus domicilios”, dijeron desde el Ministerio Público. Algo que no objetaron las defensas.

LA CAUSA. Este lunes se pretendía juzgar a los partícipes de intentar colar más de 1.700 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, según apuntan las investigaciones policiales efectuadas por Greco Galicia (Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) y el escrito de acusación del Ministerio Público.

En concreto, planeaban un intercambio de esta droga en el Océano Atlántico entre el Titán III, que la transportaba desde el punto de origen, y el Sempre Cacharelos, que la recepcionaría en alta mar para posteriormente trasladarla hasta nuestro territorio.

El traspaso, planeado entre ambos buques, programado el 9 de agosto de 2018, fue orquestado por nombres reconocidos. Entre ellos, tal como determinan las autoridades, resaltan Víctor Manuel Pérez Santos, Rafael Díaz Martínez y Luis Manuel Rodríguez Parada, dirigentes del cotarro con Jacinto Santos Viñas, su mujer e hijo.

Todos ellos, encargados de coordinar “los contactos para aunar los medios de quienes podían proveerles del cargamento”, pretendían introducir el estupefaciente gracias al apoyo de “quienes disponían de los medios para concluir finalmente tal alijo” y la colaboración de “quienes pudieran realizar el transporte transoceánico de la cocaína”.

Por medio de la Operación Barranca, coordinada por Juan Carlos Carballal (titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo) y efectuada por diferentes agentes del Greco Galicia su idea se vino a pique. Primero se asaltó el Titán III, cuando este estaba averiado entre Canarias y Azores, a las 02.50 horas del 7 de agosto de 2018. Después intervinieron el Sempre Cacharelos, siguiente en ser abordado a las 16.00 horas del día posterior, cuando estaba a 110 millas del punto de encuentro.

Paralelamente, apresaron a los restantes componentes en un operativo que se saldó con 30 detenciones; 1.737,52 kilos de cocaína incautados con una riqueza del 84,8% y un valor ilícito de 59.264.311 euros; y la caída de los conocidos Manuel Charlín Gama (El viejo) Melchor Charlín Pomares (Choujon) y José Andrés Bóveda Ozores (Charly), quienes tras varios días eran puesto en libertad, entre otros investigados.

CÓMPLICES. Los principales implicados contaron con la participación de más hombres entre los que destacan Paul Wouter y Mario Otero, que controlaban las labores de ocho compinches extra (como Serafín Pego, David Otero y Alicia Marlela; estos últimos, hijo y pareja del encargado boirense), teniendo como misión garantizar el suministro narcótico e introducirlo en nuestro territorio tras recepcionarlo en el Sempre Cacharelos, según describen las autoridades.

Finalmente, Pedro Rodríguez García, armador y patrón del Titán III, Antonio Rull Viegas, Simakha Boube y B. Ousmane, junto a un último integrante, según los agentes que llevaron el caso, completan el insano círculo vicioso. Estos cinco se ocupaban de transportar la cocaína por la mar atlántica en el remolcador anterior, que debía cargarse en el otro buque.

224 AÑOS Y MEDIO MÁS 4.900 MILLONES EN MULTAS. Por esos hechos, acusados por los efectivos policiales en una investigación que surge en 2016 y concluye dos años después, habrían respondido este lunes en la Audiencia de Pontevedra estos imputados, salvo Paul Wouter, seudónimo que utilizaba el gran narco brasileño Sérgio Roberto de Carvalho, quien simuló su muerte por COVID y está fugado.

En este sentido, la Fiscalía demanda en su conjunto una condena de 224 años y medio de cárcel y 4.900 millones de euros en multas, requiriendo penas individuales que oscilarían entre nueve y trece años y medio de prisión, así como pagos que van desde los 200 hasta los 340 millones por cada barba. Asimismo, solicita su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, es decir, privarlos a ser elegidos para ostentar cargos públicos, total o temporalmente.