¿Una agricultura de bajas emisiones o que retenga carbono en el terreno?

La agricultura, al igual que la industria y demás sectores productivos, también debe contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que llegan por millones de toneladas a la atmósfera cada año. La idea es alcanzar una reducción cuanto antes para evitar llegar a ese temido ‘punto de no retorno’, a partir del cuál hagamos lo que hagamos los seres humanos, será ya muy tarde para evitar las consecuencias de nuestra contaminación.

Conscientes de este reto, desde el Comité de Regiones abordaron este jueves una ponencia sobre las estrategias regionales de adaptación para lograr una agricultura con bajas emisiones de carbono. El ponente general fue el presidente de la región francesa de Bretaña, Loïg Chesnais-Girard, altamente implicado.

Para entender de qué va esto de la reducción de las emisiones, es necesario partir de la intención que la Comisión Europea (CE) manifestó el 14 de julio del pasado año 2021 para revisar la legislación actual relativa al uso de la tierra, al cambio del uso de la misma y a la silvicultura. Con esta revisión pretendía promover el aumento de los sumideros de carbono naturales (como son los procesos biológicos de producción de carbón, petróleo, gas natural... aunque también los bosques en formación, que es lo que interesa en este punto), en la senda con la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos el 55 % para 2030.

En concreto, la eliminación neta del carbono debería llegar a 310 millones de toneladas equivalentes de CO2 en toda la UE para 2030, de las que 42 millones corresponderían directamente a las eliminaciones del sector agrario (el 14 %). Para conseguirlo, la CE propuso una serie de acciones a corto plazo, como el desarrollo de una agricultura baja en emisiones de carbono, definida como “un modelo económico por el que se fomentan prácticas en los ecosistemas naturales que aumentan la retención de carbono”.

Y, entre esas prácticas, se encontraría la rehumidificación de turberas –que son humedales con una gruesa capa de suelo orgánico, presentes en únicamente el 3 % de la superficie terrestre, pero que almacenan el 20 % del carbono del suelo del mundo–, el desarrollo de la agrosilvicultura –práctica agroforestal que combina árboles y/o arbustos con cultivos agrícolas en la misma unidad de terreno–, el mantenimiento y mejora del carbono orgánico del suelo en los suelos minerales –que proporciona recursos energéticos al suelo– o el equilibrio de carbono en las explotaciones ganaderas.

Eso sí, para conseguir todo esto se necesitaría de un apoyo financiero, a través de ayudas y subvenciones públicas, para los agricultores comprometidos con la causa. Además, la reducción del carbono no podrían socavar uno de los interese principales de este tiempo: la seguridad alimentaria. Asimismo, deberían tenerse en cuenta las diferencias existentes entre regiones.

UNA SOLA ESTRATEGIA NO FUNCIONARÍA. Con estas perspectivas, para alcanzar en el año 2035 la neutralidad en carbono de la tierra y la agricultura desde la CE plantearon dos estrategias: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero fomentando la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles que emitan menos cantidad de estos gases (apoyada por el Comité de Regiones); o almacenar carbono en el suelo y los árboles, remunerando a los agricultores y silvicultores luego por las cantidades de carbono retenidas.

Esta última fue la estrategia preferia por la CE, pero presenta toda una serie de complicaciones que también serán objeto de debate en la ponencia de este jueves. En primer lugar, para poder remunerar a los agricultores será necesario crear un complejo dispositivo técnico de medición de biomasa y de tasa de carbono en los suelos, entre otros.

Esto supondría una gran incertidumbre para los agricultores, ya que en caso de que se planteasen el plantar nuevos árboles que actuasen como sumideros... Les sería difícil calcular si las ayudas que obtendrían ‘a posteriori’ les beneficiarían o saldrían perjudicados. Sobre todo teniendo en cuenta que el precio del carbono es muy volátil.

Además, desde el punto de vista de los entes regionales y locales, como este tipo de remuneraciones irían, indudablemente, asociadas a la hectárea de terreno, podría acelerarse el fenómeno de acaparamiento de tierras que ya se está dando en Europa en estos momentos, lo que iría en detrimento de la seguridad alimentaria, que viene proporcionada en gran parte por las pequeñas explotaciones familiares.