Una FEMP dividida aprueba la propuesta del Gobierno sobre el superávit municipal

Una ajustadísima votación, tanto que tuvo que ser el presidente de la FEMP, Abel Caballero, quien decantó la balanza, abrirá la puerta al Ejecutivo central a hacer uso de los 14.000 millones de euros de superávit que acumulan los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda se sale así con la suya aunque a costa “cargarse” el consenso del municipalismo, tal y como criticó ayer el Partido Popular, que acusa a Pedro Sánchez de “confiscar” los ahorros de los ayuntamientos, en palabras del secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

“Rechazamos que se rompa el consenso que siempre ha marcado estas decisiones y se deje fuera a los que más lo necesitan para que los afectados por Covid tengan ayudas”, afirmó Pablo Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, fue todavía más lejos y afirmó que salió adelante “el robo de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones”. “Abel Caballero fuerza su voto de calidad, y dinamita el consenso del municipalismo. ¡Que vergüenza!”, exclamó.

El PSOE, por el contrario, celebra el histórico acuerdo entre Gobierno y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destacando “su importancia para transformar nuestros pueblos y ciudades y mejorar la vida de la gente, así como en el proceso de reconstrucción tras la pandemia”. “Supone el entierro del “austericio local impuesto” por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro”, dicen.

Ambas reacciones llegaron después de que la Junta de Gobierno de la FEMP diese ayer luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos con la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns.

En una rueda de prensa telemática celebrada tras la sesión, el presidente de la institución y alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que el plan salió adelante con 12 votos a favor (PSOE), 12 en contra (PP, Junts per Cat y C’s) y una abstención (Grupo Municipalista IU-Podemos-Comuns). Así, el voto de calidad del presidente resultó determinante para aceptar la iniciativa.

En concreto, el acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno, que aportará 5.000 millones (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. A partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.

Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable. El Gobierno revisará también las condiciones financieras de los préstamos de los fondos de financiación que tienen instituciones locales.

Mientras, en 2020 no será efectiva la regla de gasto, por lo que las corporaciones locales no contarán con esta limitación. Caballero detalló también que el acuerdo establece la prórroga para 2020 de la regla especial del destino del superávit de 2019 y la del procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018. Del mismo modo mantiene las entregas a cuenta a las corporaciones locales y la liquidación del ejercicio 2018, positiva para los ayuntamientos en 600 millones de euros.

A ese respecto, apuntó que en el ámbito del fondo de ordenación para ayuntamientos en una situación económica difícil el Gobierno establece una renegociación de esa estructura. Adicionalmente, indicó, el acuerdo habilita un fondo de transporte de 275 millones extensibles hasta 400 para cubrir el déficit que presentan algunas ciudades , así como que garantiza que “las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la UE”.