Una nieta de Manuel Charlín pide registrar su nombre en actividades educativas, culturales y deportivas

Dentro del epígrafe de “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales” se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una petición de registro de la marca comercial Manuel Charlín, según publicó este martes el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en su página 55. La petición la formula Noemí Outón Charlín, una de las nietas del patriarca del más conocido de los clanes dedicados al narcotráfico en Galicia. Posiblemente ella era la que más relación mantenía con el viejo Charlín hasta su fallecimiento.

La petición en la que consta como domicilio el número 15 de la rúa Val do Silencio de Vilagarcía de Arousa, se encuentra en tramitación tras haber sido presentada el 21 de febrero y sin que la oficina de Patentes haya detectado “anterioridades relevantes”, es decir, firmas con nombre igual o similar, por lo que este 22 de marzo se procedió, como es preceptivo, a la exposición pública de la solicitud por si existen empresas o personas que puedan presentar alegaciones contra este registro.

Noemí Outón figuró hasta 2017 como apoderada de la empresa Talleres Salnés SL, ubicada en el Concello de Ribadumia cuyo objeto social era “los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos y el comercio al por mayor y menor de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, así como accesorios, lubricantes y piezas” y desde entonces su nombre aparece como administradora única en ADN Cars 2020 SL dedicada a la “venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor “ en Vilagarcía de Arousa.

La familia Charlín siempre estuvo vinculada a empresas relacionadas con el sector conservero, viticultura y bebidas espiritosas, por eso sorprende que la marca Manuel Charlín sea solicitada para una actividad comercial tan alejada de las habituales tanto del patriarca como del resto de parientes.

Noemí Outón Charlín es hija de Jorge Outón Caamaño y Josefa Charlín Pomares y sus dos progenitores fueron condenados por delitos contra la salud pública (narcotráfico). Al padre le impusieron una condena de veinte años de cárcel tras ser detenido en el transcurso de la segunda fase de la operación Nécora en relación con un alijo de más de media tonelada de cocaína que se desembarcó cerca del cabo Touriñán del pesquero Halcón III, perteneciente a la familia. Outón era uno de los miembros del clan que participó en el operativo.

Josefa Charlín, la hija preferida del viejo patriarca, era la que se encargaba de los negocios cuando él se encontraba en prisión. Estuvo huida durante siete años, pero en 2001 fue extraditada por Portugal a raíz de una orden internacional de busca y captura dictada contra ella.

En 2003 fue condenada junto a otros familiares a 15 años de cárcel por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y otros tres delitos contra la Hacienda Pública. Posteriormente, en 2004 la Audiencia Nacional la condenó a otros 17 años de cárcel por su relación con la misma operación del traslado de los 600 kilos de cocaína desde Colombia a las costas gallegas en 1989.

Quedó en libertad en 2011 aunque sigue relacionada con la única deuda pendiente que la familia Charlín tiene con la Justicia española dentro de la llamada operación Repesca.

JUICIO PENDIENTE EN MADRID POR BLANQUEO. Josefa Charlín y su hija Noemí Outón son dos de los miembros del clan procesados en esta causa sobre la que ya se definió la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que está pendiente de fijar fecha para un juicio en el que ya no estarán presentes ni el viejo Manuel Charlín ni su hijo Manolito, ambos ya fallecidos.

Los charlines que figuran en la causa son diez para los que el Ministerio Público en su escrito de acusación reclama que se le impongan un total de 53 años de prisión y multas por importe de 194 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, cometido en el seno de una organización delictiva.

Una vez desaparecido el patriarca, para el que se le pedía la pena más elevada con 8 años de cárcel, al considerarlo como el cabecilla de la organización, según consta en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal instando a la apertura del juicio oral. Estaba previsto para este año aunque podría volver a demorarse tras el deceso del viejo Charlín.

Ahora en primera línea figuran Josefa y Óscar Charlín Pomares, y la propia Noemí Outón Charlín para quienes piden penas de 6 años y multa de 12 millones de euros al aplicarles la agravante de reincidencia.

Otros dos hijos del patriarca, Melchor y María Teresa Charlín Pomares, y otra nieta, Natalia Somoza, se enfrentan también a 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa. Esta petición de condena es idéntica a la que la Fiscalía solicita para los cuatr restantes procesados, que son considerados testaferros, entre los que se aparecen dos abogados de la familia.

En el escrito de acusación, la Fiscalía reclama el decomiso de la depuradora de marisco de Grandin, en A Illa, que había salido a subasta a instancias de los trabajadores y que quiso recuperar Natalia Somoza con el pago de 880.00 euros, varios pisos y bienes urbanos en distintos puntos de Galicia, la inversión de 1,9 millones de dólares que realizaron en una depuradora en el puerto chino de Qingdao, y los casi 3 millones de euros bloqueados en tres cuentas bancarias en Suiza en el año 2000 y que, al menos, estuvieron operativas durante algo más de una década hasta su intervención.

Precisamente Noemí Outón, que ahora quiere registrar el nombre de su abuelo como marca comercial, figura en al menos dos de ellas como persona autorizada para manejar los fondos. En una se bloqueó la cantidad de 1.301.478 euros, y constaba Josefa Charlín como titular y Naomi y su tío Óscar como apoderados mientras que en la otra, con 239.420 euros por aquellas fechas, es Óscar el titular y su sobrina Noemí la apoderada. En la tercera, en la que había 757.844 euros figuran los hijos del patriarca pero no consta su nieta.

Noemí ya purgó una pena anterior por blanqueo de capitales al figurar como beneficiara en movimientos monetarios en las empresas familiares. Quien fue su pareja, Marcos Vigo, fue condenado también por tráfico de drogas aunque salió absuelto de otra acusación por blanqueo de dinero y no se pudo probar su relación con la muerte y desaparición de Fernando Caldas, uno de sus empleados en un negocio de telefonía.