Urgen más pruebas para aclarar la muerte de Déborah Fernández

A por todas. Sin un segundo de respiro y sin dejarse amilanar por el escasísimo margen de tiempo del que disponen, solo siete meses, para que prescriba el caso, y para poner fin a 20 años de dolor en la familia viguesa Fernández-Cervera con la identificación del presunto autor de la muerte de la joven viguesa Déborah. Los abogados de la familia, a pesar de todos los problemas a los que se enfrentan desde mayo de 2019 en que asumieron el caso, no ceden, a pesar de luchar contra el muro de la fiscalía, y lanzan sucesivas ofensivas en el ámbito judicial para urgir a nuevas pruebas que señalen al culpable.

Los nuevos capítulos se escribirán el próximo mes de octubre en el juzgado de instrucción número dos de Tui, encargado de la instrucción del caso. El abogado de la familia, Ramón Pérez Amoedo, adelanta que ya ha sido programada una nueva ronda de declaraciones de testigos y otras pruebas a practicar tras ser admitidas por el juzgado en los últimos días. De éstas, prefiere reservar su contenido para no entorpecer la investigación. “Parece ser que a alguien le han entrado remordimientos por la inacción de los últimos meses”, argumenta el letrado al recordar que la causa se ve acuciada porque los plazos corren y “el 30 de abril, si no se hubiese imputado a ninguna persona, el delito más grave, que es el del asesinato, prescribiría”.

Pérez Amoedo detalla que en estos momentos se mantienen abiertas “muchas líneas de investigación”. Arrancan desde la principal, en torno al principal sospecho, “que desde siempre ha estado en el centro de la diana, y no por nosotros o por la familia, sino principalmente por la policía y por la propia actitud del novio de Déborah”.

Dentro del nuevo cribado solicitado a la justicia hace una semana se encuentran, además del principal sospechoso, integrantes del entorno del presunto responsable y otras 15 personas que han pasado por la causa declarando como testigos por distintos hechos . “Queremos aclarar todas las dudas que puedan presentar sus declaraciones como testigos y que quede claro quien miente”, afirma.

ADN Entre las demandas de los representantes legales de la familia destacan que las pruebas de ADN se realicen con el que se pudiera hallar en pelo encontrado inicialmente, así como en una cuerda que se encontraba bajo el cadáver de la joven o en fibras localizadas en el cabello, además del que se pueda detectar en las uñas localizado tras realizar la exhumación. “Hasta ahora el ADN obtenido de distintas personas se ha comparado siempre con el semen localizado en el interior del cadáver, que para nosotros es una prueba de descargo porque se ha reconocido que se puso ya estando muerta para despistar. No tendrían sentido todas las medidas que se adoptaron para ocultar el cuerpo, o lavarlo, para dejar el semen dentro de ella y a su lado un preservativo con más esperma y con las cabezas de los espermatozoides vivas a pesar de que solo sobreviven durante tres días y Déborah llevaba muerta 10 días”.

Pérez Amoedo insiste en demandar que el ADN hallado en 2002 “y que entonces se aseguró que no se podía secuenciar”, ahora se “intente otra vez” , o que se pregunte al instituto de toxicología si es posible realizar la secuenciación con las nuevas técnicas de 2020.

“Nosotros pedimos que se intente otra vez la secuenciación de ese ADN con el pelo y con la cuerda”. El letrado urge contar con el resultado del análisis de las 8 uñas halladas en la autopsia realizada al exhumar el cadáver, ya que hasta ahora solo se sabe que se han localizado fibras.

A la espera del resultado de la secuenciación del ADN, el abogado insiste en la trascendencia de la estrategia por la que se ha solicitado “preventivamente el cribado voluntario de las personas que planteamos al juzgado, pidiéndoles una muestra de pelo” para proceder a su comparación.

Trufada la investigación por una serie de negligencias, protagonizadas por los responsables de las pesquisas de los primeros años, como la pérdida del teléfono móvil de Déborah después de haber sido recogido por un policía, o el volcado del contenido del ordenador de la joven en 2006 en un DVD que nunca fue remitido al juzgado que instruye la causa, Pérez Amoedo está convencido de que si en 2002 se hubiesen realizado todas las diligencias, ya que ni se visionaron las cámaras de tráfico, el caso no se encontraría sin resolver. “No se investigó nada”, existiendo la convicción de que las fuerzas de seguridad “no querían investigar”. Defiende el buen trabajo policial de 2009 y 2010. “Confiamos en ellos”, asegura el letrado.