Votar con los pies
Hacia el final de la década de los sesenta del siglo pasado, la incorporación de políticos de perfil más tecnócrata impulsó un cierto crecimiento de la economía española de la época –al menos, en comparación con el panorama previo de la posguerra– bajo el cual floreció una pléyade de empresas de tipo familiar que, años más tarde, hacia la década de los noventa, hubieron de enfrentarse, no sin cierta inquietud, con el proceso de sucesión. De ahí que, en ese momento, un grupo de empresarios familiares decidieran crear el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), compuesto por cien miembros, como unión independiente de cualquier color político, con el fin de defender los intereses de este tipo de figura en España, dando a conocer su realidad y mostrando sus fortalezas, en el marco de un constante diálogo con diferente sobre temáticas comunes.
Las dificultades de esta clase de proceso sucesorio provocaron que, de la mano del IEF, desembarcan en España consultores norteamericanos, principalmente psicólogos especializados en tan espinoso asunto. Empiezan a realizarse así en nuestro país seminarios, conferencias, mesas redondas donde se relatan casos de éxito en procesos de sucesión y se recomienda, como herramienta útil, la elaboración de los denominados protocolos familiares. Como decimos, no era casualidad pues, a finales de los 90, muchas empresas del país enfilaban el delicado proceso de tránsito generacional por primera vez.
Entre los numerosos factores que complican este relevo, no es menor el relativo a la fiscalidad, cuestión que, además, resulta particularmente alambicada dado el peculiar sistema de gobernanza que preside el modelo tributario español, con una serie de impuestos de competencia exclusiva estatal, mientras que otros están cedidos (en todo o en parte) a las comunidades autónomas; algunas de las cuales, además, han puesto en práctica, sobre todo en los últimos años, auténticas estrategias de dumping fiscal (singularidades como el concierto vasco, aparte). Por ello, no es de extrañar que el IEF haya sido el germen de una red que pronto se extendió mediante la creación de Asociaciones Territoriales (entre otras, la gallega), alcanzando las 1500 empresas, preocupadas por analizar las peculiaridades regionales, en especial, en los procesos de sucesión, apoyándose además para ello en la importante red de Cátedras de Empresa Familiar en diferentes universidades españolas (39 en la actualidad, 3 en Galicia).
Hoy, otros treinta años después, la situación ha mejorado sustancialmente. En universidades, asociaciones empresariales y otros foros se suceden cursos y conferencias sobre la empresa familiar, aportando un mayor conocimiento sobre sus características y casuísticas específicas muy superior al que existía en los años noventa. En este contexto, la sucesión parecía un tema superado, tanto desde el ámbito académico (existen numerosas publicaciones sobre el proceso de sucesión) como desde el corporativo. Sin embargo, los nuevos relevos generacionales han vuelto a poner el foco sobre este asunto, dado que el mundo ha cambiado en diversos sectores a los que tampoco es ajena la empresa familiar. Así, si bien en el pasado se acentuaba la búsqueda de una armonía interna (entre empresa, consejo de administración y consejo de familia) hoy se evidencia la necesidad de una armonía externa, como hemos venido reiterando desde esta columna, al predicar la idea de responsabilidad con el entorno, vinculando el legado de estas compañías a través de las generaciones, poniendo en valor el concepto de sostenibilidad.
Analizar en este breve espacio el vidrioso conglomerado de vectores presentes en el problema de la sucesión de la empresa familiar gallega resulta imposible. Pero, en el marco de la situación de emergencia que todavía vivimos, donde los mecanismos de cooperación público-privada han recibido respaldo unánime desde Bruselas (dado el perfil conferido a los fondos Next Generation) tal vez haya llegado el momento de entablar un diálogo sobre los mecanismos de política impositiva, desde una óptica constructiva e inteligente. Nuevas fórmulas de ingeniería tributaria a nivel nacional, de las que ya hemos hablado aquí, como el mecenazgo tecnológico, posibilitan una cesión del crédito fiscal (a través de las Agrupaciones de Interés Económico) en el ámbito de la producción cinematográfica o del I+D, mediante el juego que permite el impuesto de sociedades, con resultados satisfactorios para todas las partes interesadas y la sociedad en su conjunto. Tal vez haya llegado el momento de explorar ese terreno a nivel de tributos autonómicos, como el de patrimonio o sucesiones.
También en la década de los sesenta del siglo pasado, el economista y geógrafo norteamericano Charles Tiebout acuñó la expresión “votar con los pies”, para expresar la posibilidad de que las personas (físicas o jurídicas) manifiesten sus preferencias sobre ingresos y gastos públicos desplazándose al territorio que más se ajuste a las mismas, en lugar de elegir una determinada opción política, como alternativa al normal proceso democrático. Empresarios y empresarias comprometidos con la economía gallega se ven enfrentados así al dilema entre la salvaguarda de sus intereses empresariales –tentados a trasladar su sede social hacia destinos fiscalmente más favorables– o permanecer apegados al entorno que vio nacer la empresa de sus antepasados; en cuyo caso, quizás sería astuto intentar buscarles un abanico de alternativas. Morir en Galicia tendría que poder resultar siempre una opción más atractiva que votar con los pies.