Las aerolíneas españolas reclaman 100 millones a AENA

El presidente de la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), Manuel López Colmenarejo, ha avanzado este miércoles en Tarragona que van a reclamar alrededor de 100 millones de euros a AENA por las pérdidas ocasionadas a las aerolíneas tras meses de conflictividad laboral con los controladores aéreos, que culminaron con el colapso del puente de diciembre.

Según López Colmenarejo, que ha participado en el ciclo de conferencias 'Bon dia Tarragona' en la Cámara de Comercio de la localidad, el último episodio del cierre del espacio aéreo español le ha costado a las compañías aéreas nacionales "entre 30 y 40 millones de euros", que exigirán en primer lugar por la vía administrativa "para llegar a un acuerdo entre proveedor (AENA) y cliente (Aceta)" por la mala calidad del servicio prestado.

Aceta también ha argumentado que desde mayo a octubre, cuando AENA comenzó a presionar a los controladores para tratar de reducir "los costes de navegación aérea más altos de Europa", éstos tomaron "una actitud que se traduce en unos niveles récord de retrasos, con datos objetivos avalados por Eurocontrol". "El mayor tiempo de vuelo y el gasto de combustible nos ha costado en estos meses 65 millones de euros", ha aseverado.

Por tanto, Aceta exige compensaciones que pueden superar los 100 millones de euros "por gastos que escapan a nuestra capacidad interna de gestión", y no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa si sus demandas no son escuchadas.

López Colmenarejo también ha recordado que el episodio del volcán islandés, "con decisiones de las autoridades al cerrar el espacio aéreo sobre las que no teníamos voz", causaron pérdidas superiores a los 60 millones de euros.  "La Comisión Europea nos dio buenas expectativas de compensación económica, pero ningún Estado ha entrado en ello, y no hay buenas expectativas", ha manifestado.

Debate en el Congreso El Gobierno considera que los daños causados por los controladores por su abandono de los puestos de trabajo el 3 y el 4 de diciembre, que causó el cierre del espacio aéreo español, los deben pagar estos trabajadores y no todos los españoles. El protagonismo de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados celebrada hoy, recayó en la actuación del Ejecutivo sobre la crisis provocada por los controladores y el decreto de instaurar el estado de alarma por quince días, que prorrogará hasta el 15 de enero.
  
Desde el Grupo Popular se lanzó una batería de preguntas que tuvieron que responder el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y los ministros de Fomento, José Blanco, y de Defensa, Carme Chacón, e incluso se registró una interpelación presentada por el mismo partido que fue contestada por el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui.
  
Abrió el debate Chaves, quien en su respuesta al diputado Rafael Merino insistió en que el PP debería aclarar de qué habló con los controladores aéreos antes del caos del puente de la Constitución, a pesar de que el parlamentario popular recordó que fue una reunión en el Senado con todos los portavoces parlamentarios, salvo el del PSOE.
  
Más rotundo fue el anuncio realizado por Carme Chacón, quien señaló que el Gobierno habilitará a militares para operar en algunos puestos y torres civiles de control aéreo, y actuar en casos de carácter "excepcional", al tiempo que aclaró que no será para que sustituyan a los civiles, sino para que "los civiles hagan su trabajo". Así lo apuntó Chacón en su respuesta a la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas, en la que también acusó al principal partido de la oposición de haber sido el responsable de la actual situación por haber aprobado para los controladores el convenio más "leonino" y "abusivo" de la historia. En sus explicaciones, la ministra aseguró que su departamento lleva "mucho tiempo" trabajando para que los controladores cuenten con la licencia comunitaria y este proceso está "a punto de terminar".
  
Por su parte, José Blanco indicó que "no acepta chantajes" por parte de los controladores y que está dispuesto a aplicar todas las medidas que le permite el Estado de derecho para que no se repitan situaciones como las del pasado 3 y 4 de diciembre.
  
La interpelación del PP fue defendida por la diputada María Salom, quien pidió explicaciones al Gobierno sobre la situación creada por los controladores, sobre los quebrantos económicos y la pérdida de imagen de España como destino turístico en el mundo. Salom afirmó que el cierre del espacio aéreo español y las cancelaciones de más de 5.000 vuelos no son el mejor reclamo turístico, sobre todo "en este momento" en que se están contratando desde Alemania y Gran Bretaña las vacaciones de verano. La diputada mallorquina pidió al Gobierno medidas que permitan paliar la situación de "quebranto económico" que han producido los controladores y entre ellas indicó la realización de campañas extraordinarias para lavar la imagen de España, reducir el IVA al 4 por ciento y mejorar la fiscalidad en el sector turístico.
  
Por parte del Gobierno fue el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, el encargado de dar respuesta a la diputada, e indicó que la actuación de los controladores fue un "sabotaje". Para Jaúregui, no fue un conflicto laboral, ni los efectos de una huelga legal o ilegal, sino un sabotaje sobre el espacio aéreo del país, que ha violentado la situación, y por ello son los controladores los que deben responder por los daños causados.
  
Sobre la evaluación de daños, el ministro dijo que es demasiado pronto para hacer una valoración económica, y pidió al PP que se sume a los demás grupos en su respaldo a la prórroga del estado de alarma y a las medidas que ha adoptado el Gobierno para paliar la actuación de los controladores.
  
El Congreso votará mañana si refrenda la ampliación del estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 4 de diciembre y que el Ejecutivo quiere mantener hasta el 15 de enero.