Ausencia del Estado
DONDE las leyes no se cumplen, las sentencias no se ejecutan y las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se desobedecen, el Estado no existe.
Negar esa realidad y no ver la gravedad que supone para la unidad de España, es incurrir en una peligrosa ceguera política, cómplice por omisión y pasividad, del avance e impunidad del proceso secesionista en Cataluña.
Es preocupante observar cómo a medida que el Gobierno español eleva el tono proclamando una legalidad que no aplica, la Generalitat de Cataluña se enorgullece prosiguiendo la ruptura por el expeditivo camino de los hechos consumados. Parece como si Artur Mas replicase al Estado con la frase "ladran, luego cabalgamos".
Ante esa situación de territorio español exento del cumplimiento de las leyes del Estado, no puede extrañarnos la perplejidad y asombro de los ciudadanos que cumplen sus obligaciones y a los que si no las cumplen se les castiga, ante semejante grado de tolerancia e impunidad que comprueban a diario en Cataluña como si de factoesta comunidad autónoma no formase parte integrante del territorio y del Estado español.
Los ciudadanos españoles, sean o no catalanes, que viven en Cataluña, sufren una situación esquizofrénica entre el desamparo del Estado y la presión separatista.
Cuando de los tres elementos constitutivos del Estado, como entidad jurídico política, que son el territorio, la población y el poder o soberanía, falla este último, es evidente que el Estado no existe.
Si los poderes del Estado y el gobierno de la nación se recluyen en el fetichismo de la ley y el ordenamiento constitucional, sin tomar las decisiones que esa misma ley y la Carta Magna prevén y autorizan para hacer frente al desafío secesionista, la situación continuará agravándose y, paralelamente, el riesgo de consecuencias más desagradables.
La Generalitat de Cataluña disfrazó inicialmente su proyecto de ruptura con el Estado, utilizando eufemísticamente el llamado "derecho a decidir" que, como se dice en Derecho, "lo que mucho prueba, no prueba nada". El derecho a decidir sin más, es decir, sin concretar el objeto o materia a que se refiera dicha facultad es invocar un derecho inexistente y vacío de contenido pues, si todo derecho consiste en un bien jurídicamente protegido, no ofrece duda que el derecho a la independencia carece de esa protección en nuestro vigente régimen constitucional.
Comprobando que el derecho a decidir, genéricamente considerado, era una entelequia, los políticos separatistas catalanes decidieron abiertamente sustituir esa fórmula por la del "soberanismo". Con este giro político se puso de manifiesto el verdadero propósito de sus autores, lo que nos demuestra que al reivindicar la soberanía reconocen, inequívocamente, su pretensión de crear un Estado propio e independiente.
Como colofón de este desafío, resulta insólito que sea, precisamente, el presidente de la comunidad el que lidere el movimiento separatista, pues según el artículo 152 de la Constitución, los presidentes de las comunidades autónomas son elegidos por sus asambleas legislativas; pero su nombramiento corresponde al rey y ostentan la representación ordinaria del Estado en cada comunidad.
Es difícilmente aceptable que el presidente de una comunidad autónoma al que corresponde la representación del Estado en su territorio, se rebele contra el propio Estado al que representa y abandere el movimiento de secesión. Dicha actitud merece, como calificativo más benigno y generoso, el de manifiestamente desleal.
Jurista y profesor universitario