Casalonga y ordenación del territorio
No había, semanas atrás, convocatoria anticipada de elecciones que justificaran la ausencia de conselleiros de la casona del Hórreo, por eso no sabemos si su masiva inasistencia justo cuando su colega de gabinete, la conselleira del ramo, presentaba la nueva Ley de Ordenación del Territorio, que sustituirá a otra de hace 25 años, respondía a que el acto no merecía de más ceremonial para un texto que, se asegura, sigue dando tumbos sobre la más idónea ordenación territorial
Que la toma de postura del representante del PP se centrase en las vulgaridades al uso antes que ahondar en las supuestas bondades de la nueva norma frente a las específicas acusaciones de la oposición, lleva a concluir que el texto que se propone responda acaso a la única intencionalidad de implementar la actividad legislativa de una legislatura que agoniza sus días con lo que sorpresivamente sus señorías consideran un déficit normativo y que, por contraposición, los gallegos todos consideramos como una buena medida. Que nos ahorrará burocracia, impuestos y sanciones. Algo ganamos.
Lo cierto es que pese a las normas habidas y acaso también pese a las que se corrijan, ahora mismo son posibles en nuestro ámbito territorial situaciones tan esperpénticas como la surgida en Casalonga, en el municipio teense, donde no se sabe con qué amparos legales se disponía la construcción de un vertedero con su negativa carga transitando zonas densamente pobladas. Por fortuna, la presión vecinal logró, siquiera sea provisionalmente, parar semejante aberración política.
Ante ejemplos como el citado, lo cierto a día de hoy es que con leyes o sin leyes, con sanciones o sin ellas, con justicia o sin ella, la degradación del entorno, su intento de fosilización en aras de un absurdo proteccionismo y la anarquía reinante a la hora de sectorializar funciones y actividades, son la constante y perpetuada imagen de una degradación que, lejos de remitir, se acentúa.
Porque, ordenar ¿para qué? ¿para quién? ¿en qué condiciones? ¿partiendo de qué presupuestos intelectuales? Se sabe mucho sobre lo que hay que hacer. Pero se necesita antes llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes y se precisa, por encima de todo ello, que esa necesidad sea percibida como tal por parte de toda la sociedad y que sea también la sociedad toda la que consensúe los caminos a emprender. Se precisa una legitimidad social que dista mucho de equivaler a la fuerza legal de quien pretende imponer su opinión a fuerza de sanciones como intentan tantas y tan sucesivas normas, más de una vez contrapuestas, que a falta de aquella ley marco van generando un urbanismo, una disposición territorial rural o una delimitación de áreas inundables, por poner tres ejemplos, en función de inexplicables intereses y que claman al cielo por sus escandalosas evidencias, caso de la playa de Ornanda.
El territorio ha de ser valorado, sí, como patrimonio. Pero también como soporte actual de nuestra actividad vital y como recurso de nuestras necesidades futuras. Solo desde ese marco se logrará una efectiva implantación. Eso sí, si para entonces lo permiten la actual superposición de seis niveles de estructuras de poder: municipal, supramunicipal, provincial, autonómico, estatal y comunitario. Y así, es imposible.
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