El CGPJ revisa el proceso judicial de Construcuatro

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, estudiará la petición de los afectados por el pago de sobreprecios de viviendas de precio concertado construidas por Construcuatro en el polígono vigués de San Paio de Navia, de revisar todo el proceso de instrucción dirigido por el Juzgado número 2 de la ciudad olívica como consecuencia de la demanda presentada en 2006 por los dos primeros afectados.

La decisión ha sido formalmente comunicada al abogado de los más de 30 propietarios que han decidido presentar una denuncia judicial en respuesta al escrito remitido hace más de un mes donde se indicaba que las actuaciones del Juzgado de Instrucción dos de Vigo, que dirige la causa por las denuncias de los compradores, ha dado lugar a "dilaciones indebidas". En el texto también se hacía referencia al malestar de los compradores por la "falta de práctica de diligencias de investigación" al señalar que hasta el momento tan sólo la acusación particular ha aportado documentación y grabaciones con las que se constata el pago de unas cantidades fuera de escritura de entre 20.000 y 30.000 euros.

Antonio Salceda, abogado de los afectados, explica que desde el pasado mes de enero, en que declararon tres de los dos principales accionistas de Construcuatro, ya que el tercero, Telmo Martín, nunca ha sido llamado ante la Justicia, el Juzgado de Instrucción 2 no ha realizado ningún nuevo trámite.

Entretanto, los afectados elaboran un informe realizado por arquitectos para desmontar el argumento dado por los empresarios en torno a que los sobreprecios se justifican por las mejoras realizadas en las viviendas. "Se trata de demostrar que las obras a las que aludieron ante el juez no existen ni en la realidad de los pisos ni en ningún tipo de contrato o escritura".

Los afectados se quejan de que desde 2006 los empresarios de Construcuatro han tenido la posibilidad de organizar su defensa, como se demostró en verano de 2007 al presentar una declaración complementaria en la Agencia Tributaria de 1.557.000 por el dinero cobrado de más a los compradores de viviendas.

Mientras la Justicia centra sus investigaciones para determinar si la constructora pudo incurrir en un delito fiscal, los compradores que pagaron sobreprecio urgen a la jueza a que active la instrucción de un caso que lleva meses parado. "Queremos cobrar y recuperar el dinero que se nos cobró indebidamente y que la Justicia no dilate por más tiempo el caso", insisten.