Constru4 no se libra de pagar 3,7 millones por sobreprecios
El IGVS ratifica la sanción que le obliga a devolver 1,2 millones a los 62 afectados
Pasito a pasito, los 62 propietarios de pisos de promoción autonómica del número 25 de Teixugueiras, en el polígono vigués de Navia, están un poco más cerca de recuperar los sobreprecios que fueron obligados a pagar en 2006 por la promotora Constru4, y que ascendieron a un total de 1.235.001 euros.
La última buena noticia para los pacientes afectados que hace más de cinco años decidieron unirse para denunciar el abuso, está fechada el 26 de enero. Fue emitida por el Instituto Galego da Vivenda e do Solo, IGVS, al ratificar su decisión de imponer a la empresa una sanción de 2.470.002 euros, el doble de los "extras" cobrados, a los que hay que sumar los sobreprecios, con lo que Constru4, y solidariamente los administradores Eugenio Sobral Fernández y José Manuel Torres, se enfrenta a una demanda económica de 3.705.003 euros.
El IGVS ha rechazado una a una todas las alegaciones presentadas por la constructora, ratificando que tuvieron lugar 62 infracciones graves que se corresponden con cada uno de los precios exigidos fuera de escritura.
El hecho de que la promotora hubiera incluido en sus libros de contabilidad las cantidades "extras" cobradas a los compradores, una vez que estos demandaron la situación, realizando una declaración complementaria a Hacienda para evitar una sanción, es una de las claves para que el IGVS considere probada la existencia de los cobros irregulares. Además, se recuerda que por ser viviendas de precio concertado, las más caras dentro de la promoción pública, "cualquier tipo de sobreprecio está prohibido legalmente", según remarcó ayer el abogado de los denunciantes, Antonio Salceda.
Los empresarios Sobral y Torres tampoco se libran de la inhabilitación por espacio de 6 años para realizar obras públicas.
Recurso. A partir de ahora, los administradores de Constru4 pueden presentar un recurso de alzada que debe ser resuelto por el conselleiro de Medio Ambiente, aunque Antonio Salceda ya anticipa que si Agustín Hernández lo acepta podría incurrir en un delito de prevaricación, por ir en contra de la resolución administrativa del IGVS.
Hay que recordar que aunque el líder del PP Pontevedrés Telmo Martín, no ha sido incluido en el proceso administrativo ni en el judicial, mantiene su cargo de consejero delegado de la empresa constructora.
El abogado Antonio Salceda está convencido de que los empresarios recurrirán a la vía de lo contencioso administrativo para retrasar el pago millonario, aunque, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro a cinco años los afectados podrían recuperar las cantidades desemboladas entre 2006 y 2007, que oscilan entre 9.00 y 30.000 euros.
Antonio Salceda asegura que los propietarios que pagaron los sobreprecios están más interesados en recuperar su dinero que en la sanción administrativa.
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