Demenciales leyes "antiokupación"

SI CUALQUIERA de ustedes aparcan su coche en un sitio prohibido, la grúa vendrá rápidamente, trasladará el vehículo hasta el deposito municipal y los guardias del mismo no se lo devolverán hasta que abonen el servicio prestado, cuyo coste deberán sumar a la multa correspondiente. Nadie les preguntará si sufrieron una urgencia que les obligó a a estacionar allí, ni cuánto tiempo estuvieron, ni si son ricos o andan con el dinero contado, ni si actuaron por despiste o a sabiendas. Tampoco el Ayuntamiento deberá demostrar que el suelo ocupado era municipal mediante los correspondientes planos y registros. Eso se da por hecho y los infractores, por lo tanto, lo único que tendrán que hacer es aflojar la cartera. Este proceder, aunque a veces se cometen injusticias subsanables mediante recursos, parece el más razonable y efectivo. ¿Por qué entonces no siempre se actúa igual a nivel administrativo y judicial? Por ejemplo, si ustedes son propietarios de un inmueble y este es ocupado ilegalmente, práctica muy habitual por parte de bandas mafiosas o de caraduras en busca de techo gratis, entonces las cosas cambian de una forma radical. De hecho, la carga de la prueba se invierte y es el dueño de la vivienda quien debe demostrar que le pertenece e ir a Comisaría con todos los papeles en regla. Todo ello en menos de 48 horas, porque si el afectado no se percata de la usurpación y acude a denunciar cuando ya ha transcurrido dicho plazo, algo muy habitual si se trata de casas enclavadas en núcleos dispersos, la cosa se complica de una forma exponencial al requerir entonces la Policía una orden judicial para actuar. ¿Resultado? Que la expulsión de los delincuentes puede tardar meses o años, por lo que muchos propietarios prefieren saltarse el cauce normativo y llegar a acuerdos económicos con los asaltantes para que abandonen lo que no les pertenece. Es decir, que al final quienes allanan propiedades ajenas no solo disfrutan una temporada de un cobijo que no es suyo, sino que encima se van de allí ganando dinero. Todo esto es real y las administraciones conocen de sobra un problema que afecta ya a cerca de cinco mil propietarios gallegos, pero siguen sin acometer con contundencia las reformas legislativas necesarias para ofrecer seguridad a los buenos y castigos severos a los malos. Lo dicho, la próxima vez que les pongan una multa exijan al alcalde que les enseñe los papeles de propiedad municipal y al policía de turno que demuestre con testigos si actuó con la premura necesaria. A ver qué pasa...