Más de diez años después, De Lara concluye el caso Carioca
Imputa a dos guardiaciviles y tres dueños de clubs de alterne de Lugo a los que acusa desde agresiones sexuales a narcotráfico // Exonera a otras diez personas
Cinco imputados -dos guardiaciviles y tres proxenetas- y una decena de exonerados. La jueza Pilar de Lara Cifuentes concluyó, tras más de diez años de instrucción, la pieza principal de la denominada Operación Carioca, iniciada el 24 de diciembre de 2008 como consecuencia de la recepción de un atestado de la Policía Judicial por la denuncia de una mujer de nacionalidad brasileña a la que se otorgó la condición de testigo protegido.
En este asunto se investigaron supuestos delitos de asociación ilícita, prostitución, tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, de aborto no consentidos, amenazas, coacciones y extorsión, y de agresión y abuso sexual, según consta en el auto fechado el 25 de marzo de 2019.
No fueron los únicos. A éstos se añaden los de lesiones; contra la administración pública, en la modalidad de cohecho; tráfico de influencias; solicitud de favores sexuales por funcionario publico; prevaricación; revelación de secretos; omisión del deber de perseguir delitos; falsedad documental y negociación prohibida a funcionarios, así como contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.
La jueza finalizó la instrucción exonerando a diez de los investigados (un empresario, otro miembro de la Benemérita y ocho mujeres que ejercían la prostitución) e imputando a los dueños de los clubes de alterne Queens, Eros y Eclipse, José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Ascariz y Jesús González Varela, así como dos agentes de la Guardia Civil: el cabo Armando Lorenzo (al que acusa de, nada más y nada menos, que 78 infracciones al Código Penal) y el que era su superior jerárquico, Julio Baquero. La causa se recoge en un total de 274 tomos y otros 36 de transcripciones de conversaciones telefónicas, como hace constar la magistrada en su último auto de 220 folios.
LOS DELITOS. Pilar de Lara le atribuye al principal acusado, Armando Lorenzo, uno de agresión sexual, 21 de cohecho o de abuso de superioridad por prevalimiento y abuso de su condición de agente de la autoridad en situación concursal, en nueve de ellos, con abuso sexual y en otro con acoso.
A ello suma ocho de cohecho, seis de extorsión; uno o varios continuados de colaboración con el delito de prostitución; tres de favorecimiento de esa actividad y determinación a continuar en el ejercicio a personas en situación de vulnerabilidad y necesidad con abuso de superioridad.
También le vincula con dos del deber de perseguir delitos y evitar su comisión por la dejación intencionada de su obligación de promover la persecución del tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual. Asimismo, incluye revelación del deber de guardar secretos y facilitación de información privilegiada y confidencial; siete de tráfico de influencias; dos de falsedad documental en escrito público u oficial y revelación de secretos o contra la intimidad personal. Por su parte, al brigada Joaquín Baquero le relaciona con actividades ilegales como serían el deber de perseguir infracciones al no actuar con relación a su subordinado; varios de omisión del deber de perseguir fechorías relacionadas con la prostitución y tráfico de personas con fines de explotación sexual con relación al lenocinio de una menor de edad en el Club Queens y Colina. Además, le atribuye otro de omisión del deber de perseguir matrimonios de conveniencia y estafa; uno continuado de cohecho y tres de abuso de superioridad.
En el caso de los dueños de los clubes Queens (José Manuel García Adán), Eros (José Marcos Grandío Ascariz) y Eclipse (Jesús González Varela) les atribuye a cada uno de ellos un delito continuado de cohecho y otro de aprovechamiento de información privilegiada.
DERECHOS DE LAS AFECTADAS. De Lara añade que se haga ofrecimiento de acciones a una serie de mujeres relacionadas con los clubes investigados por si desearan personarse en la causa y se les informe de los derechos y ayudas que les pudieran corresponder como víctimas. La jueza acuerda, asimismo, librar oficio al Colegio de Abogados de Lugo para comunicar que, de acuerdo con la ley de violencia de genero de Galicia, si tales afectadas desearan personarse en la causa podrán hacerlo asistidas por profesionales del turno de oficio.
Pide a la Policía Judicial que entregue a todas las relacionadas con el caso el listado comprensivo de los derechos que les corresponden con la legislación gallega en su condición de afectadas.
La jueza exonera al exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, aunque señala "en su condición de responsable y máxima autoridad del ejercicio del mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de haber sido informado de las irregularidades, presuntamente delictivas, del guardiacivil y del compromiso asumido frente a la concejala Carmen Basadre de realizar gestiones para investigar los hechos, realizó diligencia alguna ni seguimiento ni ordenó tampoco practicar tales diligencias". "Estos hechos, relacionados con la nota interna elaborada por las dos guardiaciviles en 2005 y la reunión con el subdelegado del Gobierno, fueron sobreseídos no por inexistencia de hecho delictivo, sino por prescripción en las DPA 710/2014, con relación a Jesús Otero" y otros tres investigados, añade De Lara.