Los fiscales del Estado
UNAS recientes declaraciones del presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha levantado un auténtico revuelo en el ámbito del Ministerio Fiscal español, al venir a propiciar la idea de una absoluta y plena dependencia de los fiscales españoles del Gobierno de turno.
Es evidente que el conocido como Ministerio Fiscal, integrado por funcionarios de carrera profesional, aparece regulado en la Constitución española en su artículo 124, dentro del Título VI dedicado al Poder Judicial, y aunque no forma parte de este último que lo integran, en exclusiva, los jueces y magistrados -artículo 117-1 del mencionado texto constitucional- y que, en efecto, se halla vinculado al Poder Ejecutivo del Estado a través del Ministerio de Justicia, no es dable poner en duda su alta cualificación profesional y consiguiente independencia funcional que viene a constituir una de las claves fundamentales del funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho.
Los fiscales, por tanto, no son unos funcionarios más al servicio de la Administración Pública que dirige el Poder Ejecutivo, sino que su misión es mucho más trascendente por cuanto son cualificados servidores del Estado de Derecho, cuyo normal desenvolvimiento han de vigilar, pudiendo, ¡cómo no!, oponerse a decisiones e intereses del Gobierno de turno el que, obviamente, puede cesarles en los puestos directivos que lleguen a ostentar en la escala jerárquica de la Carrera profesional que integran pero no a privarles de su pertenencia a la misma.
Es cierto que el principio básico de unidad y dependencia del Ministerio Fiscal junto a la manifiesta vinculación del mismo con el Gobierno de turno del Estado suscita una cierta preocupación respecto a la plena independencia profesional de aquél, pero no cabe ignorar que, el mismo, se halla integrado por juristas que han superado unas duras pruebas de acceso a la Carrera profesional que integran, gozando en el ejercicio de la función que les es propia de una independencia profesional propia de alta función pública que desempeñan.
Considerar, por tanto, a la Fiscalía del Estado como una servidora ciega e irresponsable del Gobierno de turno es desconocer y menospreciar la singular y muy trascendente función que tiene encomendada esa institución básica en el seno de una sociedad democrática regida por el Derecho.
Deben, por tanto, cuidarse las expresiones y valoraciones públicas que se hagan respecto a una institución esencial en el Estado de Derecho.
Jurista. Magistrado del Tribunal Supremo jubilado