El IBI y la labor social de la Iglesia

HABRÁ QUE VER en qué queda al final el plan anunciado ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno en torno a las acciones puestas en marcha para lograr que la Iglesia católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles por los edificios que no se dedican al culto o la educación, más que nada porque Carmen Calvo se ha destacado ya como una verdadera especialista en traer noticias frescas que luego la Santa Sede se ve obligada a desmentir a través de comunicados muy inusuales. Ya pasó con el culebrón en torno al destino de los restos de Franco y no sería de extrañar que pasase también ahora con el cambio del régimen fiscal que el autodenominado Gobierno progresista quiere aplicar a la institución eclesiástica, porque resulta bastante extraño que el Vaticano esté tan dispuesto como afirma Calvo a ceder en este punto. ¿Qué sería lo justo en este tema? Todo indica que la Iglesia sí debería pagar el IBI, como cualquier hijo de vecino, por aquellos edificios de su propiedad que no cumplen una labor social y, además, generan algún tipo de rendimiento económico, pero ahora hay que bajar al detalle y ver cuántos de esos inmuebles empresariales posee la institución en una ciudad como Santiago. ¿De verdad hay muchos que no estén dedicados al culto, a la beneficencia, a la enseñanza, a la acogida de pobres, a la asistencia de peregrinos o a la exposición artística? Habrá que hacer la relación y actuar con justicia fiscal, aunque todo indica que la lista será más bien escueta y que el global a pagar apenas repercutirá, por lo tanto, en la salud financiera de los ayuntamientos. En cambio, dicha carga sí podría lastrar la impresionante labor social que realiza la Iglesia católica a través de comedores sociales, albergues, ayudas directas a familias en apuros, recogida de ropa y alimentos, mantenimiento de humildes templos rurales, etc. En fin, todas esas tareas tan importantes que a tantos progresistas les encanta minimizar.