Mayor control sobre los dueños de pisos turísticos ilegales y webs que los oferten
Propietarios y plataformas 'on-line' tendrán que inscribir las viviendas en un registro autonómico público, de lo contrario serán multados // La nueva norma recoge sanciones de 900 a 9.000
La proliferación en los últimos años de pisos turísticos ilegales ha provocado que la Xunta haya activado distintos mecanismos para extremar el control. En este sentido, las inspecciones y las sanciones son cada vez más incisivas. El castigo para los propietarios de viviendas de uso turístico que no se hayan dado de alta están recogidas en la Lei de Turismo de Galicia: pueden ser leves (el apercibimiento puede alcanzar los 300 euros) o graves, como prestar servicio sin autorización turística (de 900 a 9.000 euros). La reincidencia incluye sanciones de hasta 90.000 euros.
Asimismo, la administración autonómica quiere ejercer, por sí misma y a través de los concellos, un mayor control sobre las viviendas de uso turístico que hay en la comunidad y, por ello, en agosto, anunció su intención de exigir a los propietarios de los inmuebles que faciliten información acerca de sus datos de ocupación.
El Gobierno autonómico, que anunció esta medida tras haber mantenido un encuentro con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), pretende reunir en el ámbito autonómico una información que no existe a nivel estatal. "La Xunta adopta esta decisión debido a que a nivel estatal no se estableció hasta el momento ningún sistema oficial que permita calibrar el desarrollo de esta actividad, pues el Instituto Nacional de Estadística (INE) no contabiliza en sus estudios y encuestas información sobre este tipo de establecimientos", explicaban desde la Consellería de Cultura e Turismo, a la vez que reclamaban "un marco normativo" común que regule la actividad de todas las viviendas turísticas existentes en España. El conselleiro Román Rodríguez señalaba, tras su reunión con el presidente de la Fegamp, que Galicia cuenta con más de 8.000 viviendas de uso turístico, unos inmuebles que "pueden alterar en distintos momentos el uso turístico y el residencial".
Además de avanzar la obligatoriedad de que los propietarios informen acerca de la actividad de las viviendas, anunciaba que el Gobierno autonómico creará "herramientas normativas" que obligarán, entre otras cuestiones, a que las viviendas estén identificadas con su código de registro en las plataformas donde se promocionen o comercialicen. "Con esta medida se da un paso más en la reducción del intrusismo, frenando la oferta ilegal", recalcaba Román Rodríguez.
De esta forma, se acentúa la vigilancia sobre el uso turístico de las viviendas. Y es que además de multar a los propietarios de los pisos ofertados sin su correspondiente número de registro, desde la Xunta también se castigará a los portales web de alojamiento, como Airbnb o Milanuncios, por ejemplo. "O portal Airbnb controla o 75 por cento das noites efectivamente reservadas en Santiago neste tipo de aloxamentos turísticos", recoge un informe elaborado por el Ayuntamiento de Santiago con datos del año 2017.
"Todo aquel que no tiene licencia tiene que dejar de operar. Es muy importante que la Xunta se ponga las pilas en esta materia. Hay que controlar y sancionar de forma muy minuciosa", destaca la concejala de Urbanismo, Vivienda, y Ciudad Histórica, Mercedes Rosón, quien añade, además, que desde el Concello también se incrementará la vigilancia para frenar la proliferación de viviendas turísticas ilegales.
El BNG propone que el Consorcio abra nuevas líneas de ayudas para la rehabilitación de viviendas con destino a uso residencial de primera ocupación o al alquiler por todo el año, pero con una cláusula que evite el uso para destino turístico. "En Santiago os prezos das vivendas de alugueiro subiron un 16 % nos últimos anos, e cada vez hai menos dispoñíbeis, mentres que a oferta de pisos turísticos se incrementa de xeito alarmante, cando moitos deles están en situación irregular", afirmó ayer la concejala nacionalista Navia Rivas. Además, un informe de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) revela que existen "tan só arredor de 100 pisos para alugar en Santiago".