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REPORTAJE

Misterios al descubierto, masones en Santiago

El Boletín del Arzobispado de Santiago da cuenta de la presencia de masones hacia 1866 en una ciudad netamente clerical que celebraba 190 misas diarias. Es como tener al enemigo en casa, un enemigo retórico que fabrica hábilmente el franquismo para culparle del contubernio internacional y de la conspiración judeo-masónica. En 1937, el juez instructor de la Causa 155/937, Ángel Colmeiro Laforet, procesa y encarcela a diez masones compostelanos: “La masonería es nefasta, funesta, subversiva e inductora a la rebelión”.

Hay noticias que documentan la existencia de logias masónicas en Santiago, lo cual, dicho por los propios masones “fue un empeño heroico dado el ambiente clerical que respiraba” la tercera ciudad por jerarquía de la cristiandad.
 El Archivo de Salamanca da  cuenta de la logia Libredón, del Grande Oriente Español (1929-1936) y de la logia Agarimo 78, de la Gran Logia Española (1932-1936) en Compostela, y aquí concluyen, poco menos, las pistas.
Pero la Causa 155/937, “instruida por el supuesto delito de actividades peligrosas”, sirve casi en bandeja a los investigadores una documentación, desclasificada setenta años después del estallido de la Guerra Civil,  que pone al descubierto episodios ignorados referidos a la persecución de la masonería, y abre el cofre de su secretismo.
En detalle, EL CORREO tiene en su poder la “Auditoría de guerra de la VIII Región Militar” referida a las “actuaciones judiciales en Santiago”, cuyo material, recopilado por el historiador compostelano José Antonio Tojo, aparece firmado por el juez  Ángel Colmeiro Laforet.
Ánxel Casal, alcalde de Compostela; Laureano Santiso Girón, gobernador civil de Salamanca; Vicente Varela Radío, gobernador civil de Pontevedra y Ourense; Camilo Díaz Baliño  y Arturo Cuadrado, funcionarios de Raxoi; Rodrigo García Rey, practicante; Fernando Barros Pumariño, delegado de la Sociedad de Autores; Enrique Gippini Escoda, maestro; y los industriales Agustín Amenedo (chocolates), Vicente López- Veiga (textil) y Jesús San Luis Romero (calzado) engordan la lista de masones a perseguir sin cuartel desde 1936.
La Causa 155/937 se refiere al año en curso:1937 y el primer oficio del Gobierno Militar de A Coruña –“secreto” y “¡Viva España!”, de 6 de julio– está dirigido al juez instructor Ángel Colmeiro Laforet, entonces alférez de complemento.
En información adjunta se dice sobre la “logia masónica Agarimo 78” que “recibe correspondencia en Senra, 29, local de la empresa Automóviles Guillén y a nombre del que fue contable Jesús Parrado Vaamonde, dirigente comunista (...) muerto en un tiroteo que sostuvo contra la fuerza pública”.
La correspondencia dirigida a la logia Libredón es recibida por “un practicante del Gran Hospital Provincial llamado Rodrigo García Rey, sujeto que fue expulsado de su destino. Estas logias-talleres arrastraron pobre vida y fueron disueltas en 1934”.

Respecto a los afiliados, el Servicio de Información Militar (SIM) precisa que “sólo se conocen a los siguientes individuos: Venerable Vicente López-Veiga Ramos, industrial de telas de la plaza de Cervantes, galleguista. Segundo vigilante: Agustín Amenedo Reboredo, hijo de un fabricante de chocolate, se ignora su pensamiento político. Limosnero: Arturo Cervigón, médico de Unión Republicana. Vicente Varela Radío, médico destituido de la plaza de director que desempeño en el Gran Hospital Provincial. Camilo Díaz (Baliño) pintor, escenógrafo y delineante municipal, hoy fallecido. Ángel Casal Gosende, hoy fallecido. Jesús San Luis Romero, fabricante de calzado. Laureano Santiso Girón, abogado. Fernando Barros Pumariño, abogado. Y Arturo Cuadrado Moure, empleado municipal, hoy huido”.
La información del SIM llama la atención por silenciar cargos y actividades de los acusados. De Amenedo, que es el encargado de obras del aeropuerto de Lavacolla; del doctor Varela Radío, gobernador civil de Pontevedra y Ourense; de Santiso Girón,  gobernador civil de Salamanca –donde empeña su prestigio evitando el incendio de iglesias y conventos–; de Casal, alcalde de Santiago hasta que lo pasean el 19 de agosto de 1936; o del muralista Camilo Díaz Baliño, también paseado el 14 de agosto.
“Resultando –se dice en el auto de 19 de julio de 1937– que de las actuaciones presentes hay indicios suficientes para aseverar de una manera indubitada la afiliación a la secta masónica de los individuos (...) se decreta su detención”. (También la de los muertos). Firma el secretario Santiago Rodríguez Molins, (soldado de infantería, licenciado en Derecho) y el juez instructor Ángel Colmeiro Laforet, un personaje de filiación falangista, según currículo reconstruido por EL CORREO.

El farmacéutico de Casas Reais, 29, Víctor Muñoz, funda la Falange en Santiago, y se casa con la alemana Otilia Ulbricht. De ambos se dice que “introducen el fascismo en Galicia”, pero se silencia que Muñoz es encarcelado y asesinado en Madrid el 6 de noviembre de 1936. Más joseantoniano que el propio José Antonio, recibe en Casas Reais a Primo de Rivera el 16 de marzo de 1935. Éste improvisa un mitin  ante un centenar de camaradas.
A la muerte de Víctor Muñoz,  el mando provincial de la Falange recae en Carlos Colmeiro Laforet, hermano del juez.
Pilar Primo de Rivera visita Santiago el 5 de febrero de 1936 para respaldar los nombramientos de María Laura Colmeiro Laforet, secretaria de la Sección Femenina y de Otilia Ulbricht, tesorera. Días después del triunfo del Frente Popular, Otilia pone en fuga, pistola en mano, a los asaltantes que intentan incendiar su farmacia.

Ala logia Libredón están afiliadas 27 personas en Santiago. Un informe de agosto de 1937, proviniente de la Delegación de Orden Público, ofrece datos más actualizados, pero no menos erráticos. De Arturo Cuadrado Moure “se dice que está en Madrid al mando de un escuadrón rojo”. El fundador de la revista literaria Resol está en Madrid, pero trabajando para el Ministerio de Información.
Un año después de las ejecuciones, agosto de 1936, de Ánxel Casal, alcalde de Santiago, y del muralista Camilo Díaz Baliño, la Delegación de Orden Público los sigue considerando “desaparecidos”, lo cual suscita hipótesis varias. ¿Es factible que no haya relación entre la nueva legalidad y los ejecutores de los mentados?
¿Por qué se emplea el eufemismo “desaparecidos” si todo Santiago sabe que han sido encontrados muertos? Y si por parte de la legalidad establecida se dice “desaparecidos”, ¿significa que las nuevas autoridades no han ordenado el levantamiento de ambos cadáveres?
 
Por más que se trate de desviar la atención hacia “criminales comunes” en un “ajuste de cuentas”, ¿el médico forense ha practicado las autopsias? ¿Ha cubierto el informe preceptivo?  De hacerlo, la Delegación de Orden Público no hablaría de “desaparecidos”, pero al insistir en la “desaparición” se constata la ocultación de un hecho: los asesinatos de Ánxel Casal y de Camilo Díaz Baliño.
Andrés Suárez, Agustín Amenedo, Rodrigo García Rey, Enrique Gippini Escoda, Antonio López Campos, Antonio López Fachal y Jesús San Luis Romero son procesados por el juez Colmeiro Laforet el 28 de agosto de 1937. En sus considerandos se dice que “los citados figuraban como afiliados a la Gran Logia Regional del Noroeste de España, en donde ingresaron libre y voluntariamente con anterioridad al 18 de julio de 1936”.
 “Resultando que las logias masónicas actuaron intensamente en la vida pública española, con unidad de criterio y dirección, en sentido contrario a la integridad nacional y a los fundamentos morales y tradicionales de nuestra sociedad, opuestos a los principios nefastos de dicha institución, singularmente desde 1931, que alentadas por el cambio de Régimen, que denominaron siempre suyo por los trabajos que habían realizado para su instauración, fueron imponiendo los principios  de su institución que llevaron a nuestras leyes en un sentido netamente antinacional”.
“La secta ha hecho manifestación de estar total y absolutamente con el Frente Popular, al lado del Gobierno legal contra el fascismo (...) Considerando que  la masonería ha sido siempre  funesta para nuestra patria, por su sentido disolvente y antinacional que se puso de manifiesto desde la proclamación de la República, en cuyo tiempo han  realizado una labor ingente de subversión  (...) preparando directamente el ambiente que hizo posible la anárquica situación de España en los seis primeros meses de 1936, por lo que dicha secta debe ser considerada como inductora a la rebelión...”.

El procesado Rodrigo García Rey, encarcelado el 19 de septiembre de 1937, juega todas sus bazas. “Me aparté de la Masonería en 1933, fui requerido exclusivamente para que diera mi nombre, a fin de formar parte de una entidad que aseguraba defender los más grandes principios morales y cristianos (...) Ingresé libre y espontáneamente en el Sindicato Provincial de Sanidad de la Falange en noviembre de 1936”.
Y para que no quepan dudas de sus rectas intenciones, el juez Colmeiro recibe la siguiente carta que dice así: “Nicolás Quintana Moreno, jefe de la Falange en Argentina, certifica que Rodrigo García Rey, practicante médico del Gran Hospital de Santiago de Compostela, sirve de agente de enlace entre esta Falange y la de La Coruña para fines útiles a la causa nacional. ¡Arriba España! JONS de Buenos Aires, a 30 de octubre de 1936”.
Enrique Gippini Escoda, natural de Reus, maestro nacional y vecino de Tras el Pilar, 7, admite que la correspondencia recibida de la masonería “no tenía trascendencia política ni religiosa”. Y para demostrar su inocencia presenta la medalla al mérito militar obtenida en Marruecos  y el certificado del párroco de San Juan Apóstol de su matrimonio canónico con Ángela Botana López.

“Masones todos”, según el Servicio de Información Militar


Los informes del SIM, que se caracterizan por sospechas genéricas: “masones, todos”, incurren en errores de bulto. Fernando Barros Pumariño no es masón; en todo caso, participante del Pacto de Lestrove (26 de marzo de 1930) en representación de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA).
Arturo Cuadrado no está huido. Como funcionario del Ayuntamiento de Santiago participa en calidad de secretario de la Comisión del Estatuto de Autonomía, y la sublevación del 18 de julio le sorprende en Madrid. No vuelve a Santiago. Sus relaciones con la masonería posibilitan su salida del campo de concentración francés para exiliados españoles. Castelao fue su padrino de boda.
 De Vicente López-Veiga Ramos el SIM ignora que regresa de Cuba  en 1933 para morir en Santiago (1951). “Los médicos le daban seis meses de vida”, asegura su nieto, que sigue con el negocio de textiles que había abierto su abuelo en la plaza de Cervantes. Por el hecho de presidir el Centro Gallego de La Habana, se le tilda de galleguista y de masón. ideales que no niega.
Una vez en prisión, Urbano Fraga Rodríguez, médico militar de Santiago, certifica que “el recluso en la prisión preventiva de esta ciudad, Vicente López-Veiga Ramos padece una úlcera gástrica y tuberculosis pulmonar, enfermedades que por su delicadeza y por su contagio sólo puede atenderse su curación alejado de la atmósfera vivida y deficiente local de Enfermería que existe en esta prisión”.
 El 23 de enero de 1938, “II Año triunfal”, el juez instructor Ángel Colmeiro Laforet firma el auto que excarcela a Vicente “por haber cesado las causas” de “pertenecer a una secta masónica”.

El estanquero que blasfema y la “mala fama” de su hermana

Si los informes del SIM incurrren en gruesos errores, los de la Delegación de Orden Público no le van a la zaga. El delegado en Santiago, desde 1936, es el capitán de la Guardia Civil José Leseduarte González. Los jefes de la prisión, la Falcona, Pedro Durán López, hasta 1937, y Evaristo Rivera a partir de enero de 1938.
De Ramiro Prieto Cernadas se dice que “fue venerable de la logia Libredón”, sigue “haciendo campaña izquierdista, regenta dos estancos en Rosalía Castro y Puerta Fagera. En el primero fue sorprendido blasfemando; el segundo está atendido por su hermana Hermitas (sic), de mala fama”.
  De Vicente Varela Radío, tío de Ramón Varela Núñez, catedrático de la Universidad de Santiago y decano de la Facultad de Medicina en los años 70, se asegura que “es un masón de alto grado, celebra banquetes con amigotes suyos de ideas y propagandas rojas, fue gobernador de varias provincias durante la República. Frase dicha al paso de la Guardia Civil: ´Deben comer paja”.

Zapatero y ocho de sus ministros están etiquetados de masones

Se tienen noticias de la masonería en Santiago a partir de 1866. Los propios masones valoran su implantación en una ciudad clerical que, a finales del siglo XIX, “celebraba más de 190 misas diarias”.
Difamada y perseguida, trata de buscar el mundo interior y el perfeccionamiento de la sociedad. No es una religión, secta, ONG, partido político o  lobby, pero tiene algo de todo. Churchill fue masón y alguien tan antitético a él, Hugo Chávez, es masón. El venerable maestre de la Logia Simbólica de Nueva York, Ortiz Burbano, afirma que “Zapatero es masón” y ocho de sus ministros, según Ricardo de la Cierva, “son masones”.
Jacques Mitterrand, primo hermano del ex presidente francés y masón, publicó un libro en 1975 para afirmar que “la masonería equivalía en el siglo XVIII a la igualdad, en el XIX a la libertad, y en el XX al socialismo de raíz marxista”.
Los dicasterios del Vaticano la consideran una organización secreta y un enemigo astuto y calculador. La Conferencia Episcopal Alemana, aún en 1980, dice que la masonería cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana; su concepto relativista, subjetivo, es incompatible con la fe cristiana.
En España, la represión antimasónica y la anticlerical se estrellan en plena Guerra Civil. La persecución religiosa origina la cruel represión contra los masones.
La conspiración judeo-masónica, el contubernio de comunistas y separatistas evidencia que el gobierno de Burgos esponja las lecciones de propaganda de los expertos alemanes –técnica antisemita– y a partir de ahí, Franco y su régimen fabrican un enemigo retórico: el masón. Ni santo, ni demonio.

04 ago 2006 / 12:38
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