A la nueva interventora de Raxoi le espera una herencia envenenada

La función de un habilitado nacional no es trabajar para el gobierno de turno, sino precisamente fiscalizarlo. Es la tarea de un secretario (velar porque los acuerdos cumplan la Ley), o de un interventor, a quien compete controlar que las cuentas municipales estén en orden.

De ahí que cuando, por ejemplo, se mantiene una concesión fuera de prórroga, es decir, en el limbo, lo normal es que a la hora de abonar los costes del servicio se interponga un reparo. O que cuando se intenta remunicipalizar un servicio y los informes técnicos no sean todo lo concluyentes que deberían, desde la intervención se informe negativamente de la propuesta.

Al ser estas prácticas habituales en el pazo de Raxoi, lo normal es que las relaciones con los encargados de fiscalizar la gestión municipal se tensen y den lugar a discrepancias y desencuentros también habituales. Así como que sea la oposición quien más valore la labor de estos habilitados, pero que cambie de opinión en el caso de llegar al gobierno.

E incluso que el conflicto se traduzca en la separación del puesto, como sucedió en 2012, cuando en Raxoi se relevó tanto al secretario como a la interventora, decisión que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al haberse cubierto estas dos plazas cuando estaba vigente la prohibición de contratar nuevo personal, por lo que tanto el secretario, Jaime Castiñeiras, como la interventora, que también era Inmaculada Viña, fueron repuestos en sus cargos.

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