Patronal y autónomos gallegos ven dañinas las medidas económicas

Tanto a la patronal gallega, la CEG, en nombre de las empresas, como la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) en representación de los emprendedores por cuenta ajena fueron ayer extremadamente críticas por la sucesión de decisiones en materia económica que consideran dañinas para el tejido productivo.

Por parte de la Confederación de Empresarios de Galici, en un comunicado alegaba que "respeta las últimas medidas adoptadas y va a cumplirlas, como no podía ser de otra manera", pues "lo prioritario es la salud de las personas".

Sin embargo, "es evidente que, desde el punto de vista económico, estas nuevas decisiones amenazan con crear una crisis económica y social sin precedentes, comprometiendo seriamente la salvaguarda del máximo número de empresas y trabajadores". En especial, apuntan, a partir de la presente jornada.

Entiende la CEG que "las decisiones del Gobierno en momentos de crisis deben ser muy meditadas y equilibradas para evitar el agravio de la situación ya de por si dramática que están atravesando las empresas, y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva".

Aquí peligran fundamentalmente pymes y autónomos, y según la patronal "las políticas adoptadas por el Ejecutivo en las últimas jornadas no han hecho más que contribuir al desconcierto y a la incertidumbre del empresariado y de los trabajadores".

Aún sin tiempo para adaptarse a la fórmula de los expedientes temporales de empleo (ERTE), exprés ante las dificultades por el impacto del covid-19, la patronal gallega censura la obligación de mantener el empleo una vez haya terminado el mismo, ya que hoy es imposible saber "si van a poder cumplir" con este requisito. Habrá también contrales a posteriori sobre los mismos con la amenaza de devolución de las ayudas concedidas si el Ministerio de Trabajo que supone más incertidumbre. Poco se parece, alegan, a lo que se había acordado entre los agentes sociales.

Pero el terremoto había llegado ya el viernes, cuando el Gobierno daba luz vede a la imposibilidad de despedir mientras dure la crisis, ya que cualquier reducción de plantilla tendría la consideración de despido nulo, aclarando horas después que sí serían posibles pero con un coste mucho mayor: de 20 días por año trabajado y máximo de 12 mensualidades -procedente- a sólo poder acogerse al despido improcedente que indemniza con 33 días por año trabajado y hasta un máximo de 24 pagas.

Demandan concreción y otro tipo de medidas, como reducir o suspender el pago de impuestos en lugar de avales; flexibilizar y agilizar el acceso a los ERTES sin posibilidad de sanción a posteriori; y ampliar la cobertura por desempleo todo el tiempo que dure el parón económico. Sobre la paralización decretada ayer la CEG manifestó la "total inoportunidad de la fecha elegida, ya que es final de mes y hay que hacer frente a los pagos"; y conoceer al dedillo y con urgencia la lista taxativa de actividades que se consideran esenciales para poder adoptar las medidas oportunas.

Desde Feaga censuraban que el coste de esta medida, "tardía pero imprescindible", va a recaer en exclusiva en el empresario autónomo, "que tendrá que pagar el salario de sus trabajadores sin que éstos trabajen". "El gobierno, una vez más, castiga a los autónomos", alegan, al prohibir despidos, "medida que va contra la libertad de empresa y que en estos momentos hundirá a muchas empresas y empresarios en la miseria". También piden flexibilidad... y cuartelillo con las cuotas y gastos.