Una planificación urbanística más ágil y más simple

Galicia avanza con paso firme hacia una planificación urbanística más ágil y más simple. En esta línea, el Gobierno autonómico dio ayer luz verde a la futura ley de ordenación del territorio, que actualiza la norma en vigor del año 1995 y refuerza también la seguridad jurídica para quienes quieran invertir en la comunidad.

Tras el habitual Consello de los jueves, celebrado en el complejo administrativo de San Caetano, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que con este texto "podría decirse que culminamos toda la ordenación urbanística" de Galicia.

Se trata, abundó, de esquivar posibles desequilibrios y mejorar la coordinación y planificación territorial. Tras superar el proceso de información pública, la ley inicia ahora su tramitación en el Parlamento antes de su aprobación definitiva. Estará en vigor a principios de 2020.

Feijóo, junto a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, explicó que esta norma está compuesta de 58 artículos, distribuidos en dos títulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Apostará por la "simplificación administrativa" y reducirá de seis a cuatro el número de figuras de ordenación existentes.

De cara a esa simplificación, se fija "un único procedimiento de tramitación" para todos los instrumentos y se integra el procedimiento ambiental en la tramitación. Igualmente, la Xunta aspira a "facilitar la vida" de los concellos, "evitando la duplicidad de trámites y procesos, lo que permitirá ahorrarles tiempo".

Además, la nueva norma crea el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento, que favorecerá el acceso a la información del territorio, documental y gráfica, de la que dispone la Administración. La Xunta aspira a reforzar la seguridad jurídica y dar todas las garantías para que quienes quieran invertir en Galicia tengan toda la información en esa única ventanilla.

La actualización de esta ley se basa en los principios de "coordinación, cooperación in­teradministrativa, racionalidad y planificación". "Con este texto, seguimos la línea iniciada con la redacción de la ley del suelo", afirmó el presidente, subrayando que se trata de alcanzar "los objetivos señalados por la Estrategia Europea de Ordenación del Territorio y de solucionar nuevas necesidades detectadas en estos 25 años".

Asimismo, el mandatario autonómico explicó que se establece un único procedimiento de tramitación para todos los instrumentos de ordenación del territorio. Y otra de las novedades es que el documento aporta "mayor seguridad" a la figura de plan sectorial -el instrumento que ordena y regula la implantación de actividades sectoriales en el territorio-, al actualizar su definición para diferenciarla del concepto de proyecto sectorial.

Cuatro figuras de ordenación. En concreto, la ley reduce las figuras de ordenación diferenciando entre: las directrices de ordenación del territorio; los planes territoriales integrados y especiales; los planes sectoriales; y los proyectos de interés autonómico, que sustituyen a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal.

"Estos serían los cuatro instrumentos que tenemos a nuestra disposición para ordenar el territorio de forma igualitaria y coherente en los 313 concellos", abundó el titular de la Xunta , convencido de que el texto es "una garantía para la inversión, para el crecimiento ordenado, para un urbanismo con principios y para que todo el mundo sepa exactamente qué se puede hacer".

Por su parte, Ángeles Vázquez destacó que, en líneas generales, la nueva ley pretende ser una normativa "más simple, útil, eficiente y práctica" que la norma vigente. En ese sentido, se apostó por una "simplificación administrativa", tanto del número de figuras como en el procedimiento de su tramitación.

Al igual que se hizo en la ley del suelo, y con el ánimo de conseguir una simplificación administrativa, se integra el procedimiento ambiental y la tramitación del instrumento de ordenación, evitando tener que acudir a diversas normas para identificar qué procedimiento resulta aplicable.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico aspira a "facilitar la vida" de los ayuntamientos, "evitando la duplicidad de trámites y procesos, lo que permitirá ahorrarles tiempo". Así, la conselleira explicó que, tras una intervención en el territorio, los municipios dejarán de tener la obligación de actualizar sus respectivos planes y se hará cargo la Xunta de realizar esa labor.

Favorecer el acceso a la información. Además, la nueva norma crea el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento de Galicia, que "favorecerá el acceso a la información del territorio, documental y gráfica, de la que dispone la Administración. El Gobierno autonómico aspira, así, a reforzar la seguridad jurídica y "dar todas las garantías" para que los empresarios que quieran invertir en Galicia "tengan toda la información en esa única ventanilla".

La nueva ley, resume la Xunta, reforzará una serie de objetivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entre ellos destaca la búsqueda de un desarrollo equilibrado de toda la comunidad, garantizar la accesibilidad de toda la población a infraestructuras y servicios, mejorar la relación del medio urbano y el medio rural, tratando de evitar el éxodo masivo del campo a las ciudades, estableciendo políticas y estrategias que hagan más atractiva la vida en el rural y potenciando el desarrollo económico sostenible, apro­vechando y valorando las oportunidades que ofrece el territorio y protegiendo los valores que presenta, tanto naturales como culturales.