Por puro interés electoral
SE DESVELÓ EL MISTERIO y ya conocemos el ingrediente fundamental que activa la pócima mágica para permitir la transferencia de los fondos que el Gobierno Central adeuda a las comunidades: la convocatoria de elecciones. En apenas 48 horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encontró ese resquicio legal y en unos días empezarán a fluir hacía las maltrechas arcas de las autonomías 4.500 de los 7.000 millones pendientes de transferir. Ahora ya no hay ningún impedimento constitucional ni informe contrario de la Abogacía del Estado; metidos de lleno en periodo electoral, con lo que eso significa, se pueden reinterpretar todas las normas para anunciar, bendita ironía, que el Gobierno de Pedro Sánchez evita los recortes que iban a acometer los ejecutivos autonómicos. Solo les faltaría añadir, sobre todo los del PP. Argumentan desde La Moncloa, de forma torticera, que la repetición de elecciones permite este movimiento ya que se modifica la situación de interinidad y con ello el principal argumento que fundamentaba el escrito de los técnicos: no se traspasaba el dinero para no condicionar la actuación del nuevo Gobierno. Lo único cierto es que el PSOE no podía iniciar la campaña enfrentado a las autonomías por no devolver unas cantidades que eran suyas. No hay que olvidar que se trata de los porcentajes de IRPF, IVA e impuestos especiales que se recaudan en cada territorio. Lo recordaba Feijóo: "O diñeiro é da Facenda galega e dos servicios públicos galegos". Precisamente fue la Xunta la que se encargó de liderar la reclamación llegando a facilitar a Hacienda una fórmula legal para realizar la transferencia. Fue esa beligerancia del presidente y de su fiel conselleiro de Facenda clave para que el resto de comunidades (incluidas las del PSOE) se sumaran a una protesta cuyo único objetivo era impedir la asfixia económica que iban a sufrir por la intransigencia, ahora se comprueba que era de-
bido a intereses partidistas, de Sánchez.
Este cambio de criterio deja a los pies de los caballos a la Abogacía del Estado (lo cual no debe extrañar dadas las ansias de poder del líder socialista) y en un muy mal lugar a Gonzalo Caballero que en las últimas horas aún insistía en acusar a Feijóo de "hacer teatro con la reclamación de los 700 millones" y se subía al carro del triunfalismo de los compromisos cumplidos. Argumentos que se caen ante la realidad: Pedro Sánchez antes no transfería y ahora lo hace por puro interés electoral. Y punto.