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DESAFÍO SOBERANISTA

Rajoy activa el 155: cese de todo el Govern y elecciones en Cataluña

El Gobierno solicitará al Senado autorización para destituir a todos los miembros del Ejecutivo catalán // Rajoy reclamará la capacidad de disolver el Parlament y convocar elecciones en Cataluña en un plazo máximo de seis meses // Pedirá que el Parlamento catalán no pueda designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont // Justifica el 155 por "desobediencia rebelde y consciente" de la Generalitat

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán. También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.

Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convará para el viernes 27 de octubre.

Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 y que, según ha dicho, detallará la vicepresidenta del Gobierno a los periodistas en un breefing posterior. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

También pedirá, con el fin de "proteger el interés general de la nación" que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.

Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.

En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña --que corresponderá al Senado--, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.

Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación.

El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.

"Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.

Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat.

Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España".

21 oct 2017 / 11:57
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