El sector forestal reclama que se reparta el coste de la prevención de incendios

El minifundismo define el monte gallego y explica muchos de sus problemas, pero las trabas para el desarrollo de un sector competitivo van más allá de la fragmentación de la propiedad y el tamaño de las explotaciones. Un marco normativo inestable, la falta de proyecciones de mercado y de inventarios actualizados, la extensión de una visión crítica que ha identificado la explotación de los recursos forestales como una agresión al medio y una masa social dispuesta a disfrutar de un monte ordenado, pero reticente a asumir su precio, son otros factores que dibujan un clima poco favorable para el despegue del sector.

Propietarios, productores, industrias y empresas denunciaron ayer el pesado lastre que la prevención de incendios supone para el sector. Opinan que el fuego es un problema que trasciende lo forestal y afecta al conjunto social y, en consecuencia, sus costes han de ser compartidos.

"En general, a la sociedad sólo le preocupa el monte cuando arde, cuando arde cerca de las casas o cuando arde y afecta al marisqueo", señaló Francisco Fernández de Ana Magán, presidente de la Asociación Forestal de Galicia.

La consecuencia, añadió Juan Picos, director de la Asociación Monte Industria, son unas políticas "absolutamente condicionadas" por los incendios, en las que "lo importante ha sido sustituido por lo urgente" y donde las actuaciones encaminadas a impulsar la competitividad del monte son "sólo lo que rellena los meses en los que no hay campaña antiincendios". "Algo falla", dijo, cuando "un cargo público sabe que va a tener más problemas si arden dos hectáreas frente al Obradoiro que si deja de plantar diez mil". "La sociedad -coincidió José Manuel Tubío, delegado en Galicia de la Asociación de Empresas Forestais- tiene que entender que el monte crea bien común", a través de la fijación de CO2 y la protección de la biodiversidad.

La mesa analizó también las dificultades derivadas de un marco jurídico complejo en el que se imponen multitud de normas sectoriales que van desde la ordenación del territorio, a la regulación de los recursos hídricos o las redes de telecomunicación. Juan Raposo Arceo, profesor de Dereito Civil de la Universidade da Coruña, consideró necesaria una simplificación del marco normativo que facilite el desarrollo del sector. Como ejemplo, Juan Picos señaló que al propietario que quiere cortar madera se le exigen permisos de hasta tres administraciones distintas -"alguna sin competencias", precisó- con sus correspondientes tasas.

Desde la Federación de Produtores da Madeira, Teresa Rañal reclamó de la Administración implicación en la declaración de plagas, como primer paso para poder combatirlas y reivindicó un mayor apoyo para la obtención de madera con certificación, advirtiendo de que "en pocos años" no se podrá vender de otro modo.